Campos no aportó cifras, pero sí fue claro en admitir la afectación. “La Policía viene trabajando con estas unidades que no han podido operarse normalmente”, reconoció, y dijo que un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para comprar 1.700 unidades, sería la solución a la problemática.
Aseguró que la compra se inició “desde la anterior gestión”. “Esperamos que eso esté resuelto de aquí a fin de año”.
El ministro admitió que desconoce desde cuándo se presenta este nivel de deterioro, ni cómo se compara con los porcentajes de los últimos cinco años. “Yo me las encontré así”, respondió. Y fue enfático en que no es su prioridad indagar en el origen del problema. “Ya cómo se originó, sería desgastarme en tiempo cuando ahorita lo que se requiere es acción para poder dotar al ministerio de los vehículos que se requieren en este momento”, afirmó.
En todo el país
Campos descartó que las unidades fuera de servicio se concentren en alguna región o dirección policial específica. “Están en todo el país, son más de 3.000 vehículos que no se pueden utilizar”, afirmó, atribuyendo esa conclusión al análisis hecho por los viceministerios de Seguridad Pública.
Sobre el tiempo promedio que una unidad permanece fuera de servicio mientras espera reparación, el jerarca desconoce el dato. “Eso depende de los talleres externos, el lugar donde esté ubicado el taller y el tipo de daño que tenga el vehículo, entonces es muy relativo”, explicó.
El ministro también afirmó que ninguno de los vehículos fuera de servicio puede repararse. “Esos que les dije no se pueden reparar, por eso necesitamos el 100% del cambio”. aseveró.
