83 personas privadas de libertad fallecieron entre el 1.° de enero de 2025 y el 23 de setiembre de 2026, de acuerdo con información brindada por el Ministerio de Justicia y Paz a La Nación.
El informe detalla que la mitad de las muertes ocurrieron en el 2025. Ocho de cada diez fallecidos murieron por causas naturales.
El 96,3% de los casos correspondieron a hombres y el 3,7 % a mujeres, con un promedio de edad de 50 años, en un rango entre los 20 años y los 87 años.
La quinta parte de las personas fallecidas (16 casos) se encontraba en condición de indiciada, mientras que el resto mantenía una sentencia firme.
Los decesos más recientes fueron reportados el 12 de setiembre, cuando un hombre de apellido Fonseca, de 28 años, murió en el Hospital San Rafael de Alajuela “debido a complicaciones de salud”.
Ese mismo día, murió un reo de apellido Flores, de 48 años, en la clínica del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma.
Sobre la causa de muerte de Flores, el Ministerio de Justicia indicó que “algunos compañeros de dormitorio reportaron que se encontraba mal de salud”.
Las autoridades aclararon que la información sobre los centros penales y los delitos por los cuales descontaban prisión es diversa, pero, por su carácter descriptivo, “no permite establecer, por sí solo, un patrón de asociación estadísticamente significativo”.
En cuanto al lugar donde ocurrieron los decesos, el informe distingue entre la custodia policial y la atención hospitalaria.
El año pasado, 15 personas fallecieron dentro del establecimiento penitenciario y 39 (72,2%) en un centro médico.
En el 2026, se reportaron 5 fallecimientos en el centro penal y 24 (82,7 %) después de ser referidos a un hospital.
Muertes violentas
En relación con los casos de homicidio o muerte violenta, Justicia detalló que el año pasado se registraron dos fallecimientos de esta naturaleza.
Las muertes ocurrieron el 23 de mayo y el 27 de diciembre. En ambos hechos, los privados de libertad murieron en el hospital de Alajuela.
En el 2026, con corte al 23 de setiembre, se contabilizaron tres fallecimientos por homicidio, registrados el 2 de marzo, 25 de abril y 26 de mayo.
De estas muertes, dos personas fallecieron en el hospital de Alajuela y una en el hospital de Puntarenas.
El Ministerio de Justicia indicó que “la atención hospitalaria se brindó según la ubicación del centro penitenciario en el que se encontraban recluidas”.
Agregó que, “en todos los casos, los hechos se comunican al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que actúe en el ámbito de sus competencias”.
Además, según el ministerio, se siguen los procedimientos correspondientes para determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas.
Suicidios
Respecto a los casos de suicidio o muerte presuntamente autoinfligida, el reporte oficial indica que en el 2025 se documentaron cinco fallecimientos.
Estas muertes tuvieron lugar el 20 de febrero, 13 de junio, 21 de junio, 26 de octubre y 27 de diciembre del año pasado.
Cuatro de estas personas fallecieron en el establecimiento penitenciario y una en la Clínica Marcial Fallas.
En el 2026, al 23 de setiembre, se registraron dos muertes por esta causa, ocurridas el 3 y el 31 de marzo, ambas en el centro penal.
La Dirección de la Policía Penitenciaria reportó un alto volumen de salidas hacia centros médicos por diversas razones de salud.
Según los datos, hubo 22.210 traslados en el 2025 (un promedio mensual de 1.851) y 13.781 salidas al 29 de julio de 2026.
El ministerio precisó que estos registros corresponden a movimientos médicos. La información disponible no permite clasificarlos por su grado de urgencia; además, una misma persona puede contabilizar varias salidas.
En materia de servicios de salud penitenciarios, en el 2025 se atendió a una población promedio de 18.250 personas privadas de libertad, registrando 76.448 atenciones médicas (cerca de 6.371 mensuales) y 5.061 pacientes con patologías crónicas bajo seguimiento.
Investigaciones administrativas
Ante los fallecimientos ocurridos, el proceso de investigación preliminar abrió seis expedientes entre 2025 y 2026.
De estos expedientes, cuatro fueron archivados al no encontrarse responsabilidades; dos se mantienen activos.
El ministerio indicó que, tras la revisión de los registros de procedimientos administrativos disciplinarios, “no consta que durante 2025 y el periodo transcurrido de 2026 se haya instruido o se esté instruyendo un procedimiento disciplinario contra personal policial o administrativo por los hechos consultados”.
Por esta razón, indicó el Ministerio de Justicia, no se reportan funcionarios sancionados.
En los últimos días, surgieron cuestionamientos contra esta cartera por intervenciones policiales en centros penales de Puntarenas y La Reforma.
En este último, privados de libertad denunciaron presuntas agresiones por parte del personal policial y del ministro, Gabriel Aguilar.
La Fiscalía General instruyó al OIJ una pesquisa por estos hechos a fin de determinar si hubo o no participación de funcionarios en presuntas golpizas a reos de La Reforma.
El fin de semana, agentes judiciales entrevistaron a por lo menos treinta reclusos. De ellos, al menos 11 habrían identificado al jerarca como presunto participante de actos de agresión.
Desde el fin de semana anterior, La Nación solicitó al Ministerio de Justicia una reacción del ministro sobre estos señalamientos. Aguilar respondió: “no habrá versión porque el caso está judicializado”.