La intensa actividad del Volcán Poás a lo largo de este año, que incluye el lanzamiento de gases tóxicos, piedras y ceniza, ha sido insuficiente para mantener alejados a atrevidos excursionistas que se matriculan en giras clandestinas al Parque Nacional.
En redes sociales se pueden encontrar páginas ofreciendo tours a áreas usualmente prohibidas, que ahora son de más alto riesgo por las fuertes erupciones del coloso, como la popular zona de Quemaderos, a veces conocida como el Cañón de Mordor, y más recientemente como Piedras Blancas.
Una de esas páginas, incluso, tiene programado un tour para este domingo, menos de una semana después de la erupción que expulsó una pluma de al menos cuatro kilómetros de altura, además de gases, piedras y azufre alrededor del volcán, especialmente al suroeste del cráter.
Las ofertas van desde ¢35.000 por persona, o ¢45.000 por pareja y nunca se habla de seguros médicos. Si acaso, se menciona que alguno de los guías llevará un botiquín, insuficiente para atender torceduras o fracturas en una zona de suelos rocosos e inestables.
El riesgo es tal que el miércoles la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó a alerta roja el nivel de vigilancia en el Parque Nacional Volcán Poás. En sus faldas, los cantones de Grecia y Sarchí pasaron a alerta naranja, mientras que Poás, Alajuela, Río Cuarto, Zarcero y Naranjo se mantienen bajo alerta amarilla.
El asunto no pasa desapercibido para los funcionarios del Parque Nacional, que solo cuenta con nueve guardaparques disponibles para cubrir 6.500 hectáreas, el equivalente a 3.650 canchas de fútbol profesional.
Desde el 2018, cuando el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) empezó a recopilar datos de ingresos clandestinos, 1.074 personas han sido alcanzadas y prevenidas por guardaparques en el Volcán Poás.
El pico ocurrió en plena pandemia, en el 2020, año en que 324 personas fueron sorprendidas. Desde entonces los números han bajado cada año, pero Lourdes Villalta, encargada del Programa de Control y Protección del Parque Nacional Volcán Poás, explicó que eso no significa que haya menos intromisiones, sino que no se cuenta con el recurso necesario para vigilar toda la zona.
Muchas intromisiones no son detectadas en ningún momento por los guardaparques. Otras veces, detectan grupos numerosos que no pueden ser contenidos y por la seguridad de los guardaparques deben dejarlos ir.
Incluso, desde el mirador público han observado gente cerca del cráter, pero están tan lejos que no les dará tiempo de alcanzarlos.
“A veces contamos 15, 16 personas y mientras nosotros llegamos ahí nos llevan de ventaja de por lo menos uno o dos kilómetros. Aparte de eso, toda esa topografía que hay alrededor del cráter es agreste, totalmente irregular. Ahí hay pendientes, ahí hay rocas, ahí hay guindos, hay de todo”, contó Villalta.
“Dejan basura por todo el paso, andan con drogas, no todos, voy a ser clara, pero sí, la Fuerza Pública que nos acompaña en los operativos interinstitucionales ha decomisado drogas, hemos visto gente con licor”, agregó.
En estos días de alta actividad, los guardaparques también deben evitar recorrer la mayoría del parque, lo que les impide encontrar a quienes ignoren la alerta roja y se metan a las zonas de alto riesgo.
Otra consecuencia de estos tours es la erosión del suelo, la afectación de las raíces expuestas y el uso de palas y machetes para abrir trillos en medio del sotobosque. Asimismo, son vandalizados los rótulos que señalizan los límites del parque. En el 2022, Sinac colocó 25 rótulos, y ya todos fueron robados o dañados de alguna manera.
En los Quemaderos, es usual que las personas se tomen fotos bañándose donde nacen los ríos Desagüe y Agrio, los cuales arrastran ceniza y material tóxico desde el cráter cuando el volcán se torna activo.
El Sinac también tiene conocimiento de que se practica rapel, una técnica utilizada para descender por paredes de roca y acantilados, usando cuerdas, arneses y otros equipos de escalada. Villalta estimó que en promedio una vez al año la Cruz Roja debe realizar rescates en esta zona.
El desafío para los guardaparques, además del poco personal, es que los montañistas clandestinos no solo visitan los Quemaderos, sino también frecuentan sitios como la laguna Botos, el Cerro Pelón, Colinas Verdes y el Cerro Congo.
¿Qué sucede si atrapan a alguien?
El procedimiento indica que la persona debe ser retirada del Parque Nacional, y se le advierte que no vuelva a ingresar.
Si alguien es sorprendido por segunda vez, se le puede acusar por el delito de desobediencia a la autoridad, pero solo 16 personas han sido denunciadas por Sinac en los últimos ocho años. De estas, 11 causas fueron desestimadas, y las cinco restantes culminaron con la suspensión del proceso a cambio de que la persona realizara trabajo comunal, donara a alguna institución, entre otras medidas.
Yeimi Cedeño, jefa del Departamento de Prevención, Protección y Control del Sinac, agregó que en ocasiones, cuando un grupo es sorprendido, los guías simplemente huyen y abandonan a los turistas.
“La mayoría de las empresas que ofrecen este tipo de tours no son empresas formales, no tienen seguros ni equipo de seguridad”, indicó Cedeño.
Tanto Cedeño como Villalta resaltaron la importancia de que la Asamblea Legislativa apruebe el expediente 22.878, el cual busca imponer una multa de siete salarios base a cualquier persona que promocione estos tours, conducta que actualmente no es sancionable.
Además, el plan pretende multar con tres salarios base a quien ingrese ilegalmente a un área silvestre protegida, y siete salarios base si el ingreso es realizado por un operador turístico. Para reincidentes, la multa se incrementaría en un 50%, y si la atención de las personas requiere rescate de la Cruz Roja, se agregaría una multa adicional de cinco salarios base.
Este expediente ya fue dictaminado positivamente por la Comisión de Ambiente, y actualmente se encuentra en el plenario legislativo.
Gilberth Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de dicha comisión, declaró a La Nación que el proyecto es viable y de importancia para generar recursos con las multas que ayuden al cuidado de las áreas protegidas.
