EscucharLa cantidad de denuncias por delitos informáticos que terminan en sentencia condenatoria es ínfima.
La mala noticia para las víctimas de una modalidad que se ha disparado en los últimos años consta en las más recientes estadísticas del Poder Judicial. En los primeros cuatro meses había 7.272 casos en trámite por este delito, de los cuales solamente siete habían culminado en condena, un porcentaje insignificante del 0,09%, es decir, menos de una denuncia por cada 1.000 terminó con un castigo formal.
Asimismo, más de la mitad de esos expedientes (4.305) fueron desestimados por falta de pruebas o viabilidad legal.
Esto muestra que en el 2025 continúa una tendencia parecida al 2024, año en que 6.449 causas fueron desestimadas por el Ministerio Público, 5.850 fueron desestimadas en juzgados penales, y solo 22 casos concluyeron a favor de la víctima.
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Para Aldo González, director de la Carrera de Ciberseguridad de la Universidad Internacional Universae (UIU), la alta impunidad es provocada por la falta de recursos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que no logra descifrar los métodos cada vez más sofisticados que utilizan los cibercriminales.
“Mientras los números revelan una tasa muy baja de condenas, lo que realmente debería alarmarnos es el cuello de botella investigativo. La Policía Judicial no cuenta con suficientes analistas forenses para todo el país, dando como resultado lo evidenciado”, declaró Aldo González.
“Sin inversión sostenida en pericia digital y cooperación entre el sector público y privado, cualquier reforma legal se quedará corta ante la creatividad y crecimiento del fraude en línea”, agregó el experto.
Señaló que el vertiginoso desarrollo del cibercrimen es un fenómeno global, que se estima deje pérdidas por encima de los $10 trillones en todo el mundo durante este 2025.
“Hay profesionales con muchísima capacitación por detrás, incluso hay países donde se ofrece el servicio de ransomware as a service (criminales que venden programas dañinos para que otros cometan ciberataques). Es toda una industria que hay detrás del cibercriminal", explicó.
Detalló que perseguir a estas organizaciones es tan complejo, que apenas hace unos días las autoridades alemanas identificaron al ruso Vitaly Nilolaevich Kovalev como líder del grupo cibercriminal Conti, responsable de atacar instituciones públicas costarricenses, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.
Diferentes modalidades se han vuelto comunes, como la estafa telefónica del funcionario bancario, en la que un estafador engaña a su víctima para obtener los datos de ingreso a su cuenta, o el phishing, como se llama cuando un ciberdelincuente replica un correo electrónico o una página web, usualmente de un banco, luciendo prácticamente idénticos al original y conteniendo detalles de aspecto legítimo.
En el OIJ reconocen esta situación; sin embargo, las restricciones presupuestarias dificultan competir contra empresas privadas que ofrecen salarios mucho más competitivos, según había mencionado a inicios de mes a La Nación el subdirector de esta entidad, Michael Soto.
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Una de las principales recomendaciones que dan las autoridades a las víctimas de estafa es informar de inmediato a la entidad bancaria y presentar la denuncia ante el OIJ, puesto que este tipo de fraude podría incurrir en varios delitos.
El Código Penal, por ejemplo, incluye el delito de suplantación de páginas electrónicas, que impone pena de prisión de uno a tres años a quien, en perjuicio de un tercero, suplante sitios legítimos de la red de Internet.
La pena aumenta de tres a seis años de cárcel cuando, como consecuencia de la suplantación del sitio legítimo de Internet y mediante engaño o haciendo incurrir en error, se captura información confidencial de una persona física o jurídica para beneficio propio o de un tercero.
