La presidenta de la República, Laura Fernández, confirmó que se abrió un procedimiento administrativo contra el policía del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) detenido por intentar ingresar un teléfono celular, cuatro cargadores y otros dispositivos electrónicos al área de Máxima Seguridad de La Reforma, donde permanecen recluidos los presuntos narcotraficantes Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan.
El funcionario, de apellidos Guzmán Charpantier, pertenece a la Unidad Especial de Apoyo (UEA) del MSP y participaba en las labores de vigilancia de alias Diablo y alias Tan.
Fernández se refirió al caso este miércoles 21 de octubre, durante la conferencia de prensa de Casa Presidencial, al ser consultada por La Nación sobre la situación laboral del funcionario, si había sido apartado de su cargo y las posibles sanciones que enfrentaría.
“En palabras sencillas, hay un órgano administrativo, eso significa que hay una investigación que debe revisar todo lo que ocurrió ahí y sentar las responsabilidades, si es el caso, el despido del funcionario más el caso penal, porque es un delito. Hay una ley que prohíbe meter celulares a las cárceles y todo policía la conoce”, manifestó.
La mandataria aseguró que fue un policía penitenciario quien denunció al funcionario de la UEA, lo que, a su criterio, demuestra que existe una mayor conciencia dentro de los cuerpos policiales sobre la necesidad de denunciar posibles delitos cometidos por sus compañeros.
“Nosotros vamos a ser implacables con el cumplimiento de la ley. Un policía penitenciario o de cualquier equipo especializado que introduzca celulares a la cárcel va a ser procesado”, señaló.

Por su parte, Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública, confirmó que el caso fue remitido al Ministerio Público y que se encuentra en trámite un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades del funcionario.
“Vea, voy a ser claro, aquí parece que se quiere descubrir el agua tibia. Hemos detenido a un montón de policías tratando de ingresar artículos electrónicos donde no deben ingresarlos”, expresó.
“En el caso de él se pasó al Ministerio Público; habría que preguntarle qué trámite le dio la fiscalía y el juez, porque es un proceso penal. Y en parte administrativo, yo no lo puedo despedir sin un órgano administrativo; estamos con el órgano administrativo”, agregó.
Gobierno niega vínculo del padre del policía con escolta de Rodrigo Chaves
Guzmán Charpantier es hijo de Eduardo Guzmán López, conocido como Inca, uno de los principales encargados de la seguridad de Rodrigo Chaves Robles durante su periodo presidencial 2022-2026.
Actualmente, el padre se desempeña en la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia, mientras que su hijo labora en la Unidad Especial de Apoyo, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública.
Durante la conferencia de prensa, el ahora ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, solicitó desde su asiento que se desmintiera la información sobre la participación de Guzmán López en su equipo de seguridad.

Seguidamente, Fernández rechazó que el padre del policía detenido hubiera formado parte de la escolta presidencial de Chaves.
“El papá de ese funcionario nunca formó parte de la escolta presidencial, en su momento de don Rodrigo Chaves. Eso quiero desmentirlo de inmediato porque es falso, señor periodista”, afirmó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, también cuestionó la información publicada sobre la cercanía del funcionario con el expresidente.
“Me gustaría ratificar lo que usted dijo sobre que este era uno de los principales asesores del expresidente Chaves. Yo, como jefe de despacho de don Rodrigo Chaves, le digo que lo que reportó CRHoy y La Nación, que no nos extraña, es rotundamente falso. Él no estaba en círculo cercano al presidente, ni en seguridad, asesorándolo, ni en su seguridad personal, y que quede totalmente claro ese punto, por favor”, manifestó.
No obstante, Guzmán López fue visto en diferentes actividades públicas a las que asistió Chaves, entre ellas la marcha realizada en marzo de 2025 contra el fiscal general, Carlo Díaz.
Vigilancia de Diablo y Tan incluye seis equipos policiales
Según una fuente de La Nación, existe un convenio de cooperación entre Justicia y Seguridad Pública para dar custodia a reos del Centro Nacional de Atención Específica, conocido como Máxima Seguridad.
Alejandro Arias Monge y Jonathan Pérez Méndez permanecen en ese módulo desde julio pasado, luego de que fueran detenidos durante un operativo en Sarapiquí, Heredia, tras varios años en fuga.
Ambos son señalados por las autoridades como figuras relevantes de organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el sicariato en el Caribe costarricense.
Al respecto, la presidenta explicó que la vigilancia de ambos privados de libertad se desarrolla mediante un protocolo especial, con apoyo permanente de equipos policiales del Poder Ejecutivo.
Según la mandataria, el operativo funciona las 24 horas del día y cuenta con seis equipos policiales encargados de tareas de vigilancia terrestre, aérea, de alimentos y mediante cámaras de seguridad.
La presidenta sostuvo que el objetivo es impedir que ambos privados de libertad sufran ataques o se agredan entre sí, mientras avanzan los procedimientos judiciales correspondientes.

Los dispositivos encontrados al funcionario
Una fuente conocedora del caso confirmó a La Nación que los hechos ocurrieron a inicios de octubre, cerca de las 10 p. m., durante un cambio de guardia.
Según esa versión, Guzmán Charpantier fue interceptado por oficiales penitenciarios en un parqueo interno del centro penitenciario.
Durante la requisa, los agentes encontraron los siguientes artículos:
- Cuatro cargadores USB tipo C.
- Un adaptador de carga para encendedor de vehículo, con seis puertos.
- Un reloj inteligente Huawei sin IMEI visible.
- Una batería portátil.
- Un teléfono celular.
- Una tarjeta SIM de Kölbi.