“El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo el abogado Darío Richarte a la AFP, al detallar que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.
El gobierno de Ortega y su esposa “es, tal vez, la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente”, añadió Richarte.
LEA MÁS: Daniel Ortega transforma profundamente estructura del Estado en Nicaragua
Los crímenes de los que son acusados incluyen “asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad”.
También tiene orden de captura “cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad”, agregó.
La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril del 2018, identifica etapas que conforman lo que se califica como “plan criminal de represión” y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad.
La acción fue presentada ante los Tribunales Federales de la capital argentina el 26 de agosto del 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires dirigido por Richarte y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.
LEA MÁS: Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidan el poder total en Nicaragua con polémica reforma constitucional
Desde entonces, fue ampliada siete veces para agregar las presuntas complicidades de actores como la Policía Nacional y el Poder Judicial, el ataque a la libertad de expresión con el cierre de medios y ONG de línea opositora y la “migración intencionada y organizada”, entre otras acusaciones.
La acción judicial “se fue ampliando a medida que la dictadura iba cometiendo nuevas violaciones de derechos humanos”, comentó Richarte.
Jurisdicción universal
El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.
La reforma amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y confirmó el poder que ya tenía Murillo, quien pasó entonces de vicepresidenta a “copresidenta”.
El texto concede además un poder total al Ejecutivo, pues establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que antes la Constitución reconocía como independientes.
Entre febrero del 2023 y setiembre del 2024, la Justicia de Nicaragua privó de la nacionalidad a más de 400 opositores al gobierno de Ortega, muchos de ellos políticos presos luego deportados y otros previamente exiliados.
Entre ellos se encuentran la escritora Gioconda Belli y el escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-1990) y es hoy crítico.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en el 2007. Desde entonces, señalan sus críticos, ha instaurado una “dictadura” y el “nepotismo” junto a su esposa, seis años menor.
La justicia argentina aplicó recientemente el principio de jurisdicción universal cuando emitió en setiembre una orden de captura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su segundo al mando, Diosdado Cabello, por crímenes de lesa humanidad.
Lo invocó también en el 2010, cuando abrió un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el mandato de Francisco Franco, y en el 2021, al abrir una investigación sobre las acusaciones por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana.
Otro antecedente célebre de la aplicación de este principio ocurrió cuando, en 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres tras una orden del juez español Baltasar Garzón.
