Jueces llaman a ‘deponer el deterioro del diálogo político’ ante ataque a subjefe del OIJ
Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) exigió al Poder Ejecutivo y al Legislativo dotar de recursos al sistema judicial, en un pronunciamiento publicado este lunes
Geiner Zamora, subjefe de la Policía Judicial de Guápiles Tomada de redes
“El atentado ejecutado contra la vida del señor subjefe regional del OIJ, es un claro ejemplo del debilitamiento producido entre otras, de la garantía de seguridad laboral, la cual es fundamental para permitir que la Policía Judicial, Fiscalía, jueces y juezas ejecuten sus funciones sin temor a represalias contra su integridad física y de su familia”, divulgó en un comunicado la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que también mostró su solidaridad con Zamora, su familia y sus compañeros de trabajo.
“La responsabilidad histórica obliga a deponer el deterioro del diálogo político y a ejecutar las soluciones concretas y urgentes que el país requiere”, acotó la agrupación.
Los jueces exigieron al Poder Ejecutivo y al Legislativo la asignación de presupuesto para el funcionamiento eficaz del sistema judicial, y aseguraron que la falta de recursos ha sido aprovechada por el crimen organizado.
Asimismo, emitieron un “vehemente llamado constitucional” al Poder Ejecutivo a respetar la independencia del Poder Judicial, y a la Corte Suprema de Justicia a defender dicha dependencia.
También reprocharon decisiones tomadas por los diputados “que han tenido como efecto –deseado o no– la inestabilidad y el desmejoramiento constante del funcionamiento y efectividad del sistema judicial”. Como ejemplo mencionaron la regla fiscal, vigente desde el 2020 y creada mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el fin de limitar el gasto público según el nivel de deuda del Gobierno Central y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
La Acojud aseguró que el comunicado será enviado a organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, “con el fin de que se tomen medidas para garantizar la integridad y seguridad de los operadores de justicia en Costa Rica”.
