Según confirmó el abogado de Guevara, Federico Campos Calderón, los jueces declararon la ineficacia de la sentencia que se había dictado el pasado 15 de diciembre en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública y que ordenaba tres años de cárcel y la inhabilitación del ciudadano para ejercer cargos públicos por seis años. Campos aseguró que se declaró con lugar su recurso de apelación porque aquella condena estaba mal fundamentada.
“Estamos muy complacidos por la resolución de apelación, ya que aunque interpusimos varios motivos señalando diversos vicios o yerros contra la sentencia penal, se acogió uno referente a la violación del principio constitucional de juez natural, conforme al cual este juicio debía ser celebrado por tres jueces (colegiado), y no por un juez unipersonal como se hizo. Además, con ello se le negó al imputado el derecho de contar con un tribunal que garantizara una mayor y correcta discusión del asunto, ya que el único juez incurrió en varios errores jurídicos relacionados con temas fundamentales del derecho civil y comercial discutidos en el juicio que no fueron comprendidos”, declaró Campos a La Nación.
Los asuntos que volverán a debate habrían ocurrido en el periodo 2014-2018, cuando Guevara Guth, hoy de 61 años, era diputado por el Movimiento Libertario. Según la acusación de la Unidad Especializada del Ministerio Público, los ilícitos se configuraron debido a que Guevara omitió declarar su participación como director y dueño del capital accionario de una empresa ubicada en Islas Vírgenes, para la que abrió una cuenta en Hong Kong, República Popular China.
El pasado martes 13 de diciembre, cuando Guevara rindió declaración en el primer juicio, alegó que desde noviembre del 2013, seis meses antes de asumir como diputado por segunda vez, había cedido a su expareja las acciones que tenía en la sociedad de Islas Vírgenes, de la que era director, pero sin participación accionaria.
Esta declaración contrasta con lo expuesto en aquel momento por el juez Freddy Calderón, quien al sustentar el fallo dijo que según los registros que se mantienen en Islas Vírgenes Británicas al 27 de enero del 2020, Guevara figura como dueño beneficiario de la citada compañía y es dueño de la totalidad de las acciones.
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Tras esa sentencia, Federico Campos confirmó que apelaría lo resuelto y los resultados trascendieron este martes, cuando se conoció que los jueces de apelación Francini Quesada, Alberto García y Gustavo Guillén, ordenaron un nuevo contradictorio.
Con lo resuelto, queda también anulado el pago del daño social presuntamente provocado y que fue calculado por la Procuraduría General de la República en ¢10 millones, ¢2,5 millones por cada delito.
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Colaboró en esta información Yeryis Daniel Salas.
