Sala IV reprocha a Tribunal por proceso de 15 años contra sindicalista y regidor
Diputados del Movimiento Libertario y del Frente Amplio encabezaron una marcha hacia la Corte Suprema para exigir la liberación de un sindicalista y un regidor condenados a prisión por retener a varios policías durante una manifestación de campesinos en el 2000. José Cordero
En una resolución de un recurso de habeas corpus, por mayoría, la Sala Constitucional reprochó esta tarde al Tribunal Penal de Pococí por tardar 15 años en un proceso que llevó a la condena de un regidor y un sindicalista, acusados de secuestro a policías.
Los magistrados acogieron parcialmente el recurso "únicamente por violación al principio de justicia pronta y cumplida", según un comunicado enviado por la Sala, la cual aclaró que no se ordenó la libertad de los sentenciados.
Los imputados en este caso son el sindicalista Orlando Barrantes y el regidor libertario Iván Angulo. Ellos fueron condenados el 16 de setiembre a 12 años de prisión por ser los autores intelectuales de una retención a varios policías mientras se realizaba una manifestación de campesinos, en el 2000.
En este expediente, ya se habían dado otras cuatro sentencias.
En esta ocasión, el Tribunal Penal de Pococí les dictó seis meses de prisión preventiva mientras queda en firme la condena.
Diputados del Movimiento Libertario y del Frente Amplio encabezaron una marcha hacia la Corte Suprema para exigir la liberación de un sindicalista y un regidor condenados a prisión por retener a varios policías durante una manifestación de campesinos en el 2000. (José Cordero)
Por ello, el jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas, y el diputado libertario, Otto Guevara, acudieron a la Sala IV para que determinara si la prisión preventiva fue una acción excesiva.
Los jueces constitucionales consideraron que, el hecho de que se haya dictado una condena, es motivo suficiente para la medida cautelar.No obstante, señalaron que, aunque hay responsabilidad de los abogados de los imputados en el retraso del proceso, también hubo acciones la administración de justicia que causaron "dilaciones indebidas".
La magistrada Nancy Hernández se apartó del criterio de mayoría y pidió archivar el proceso por haber excedido un plazo razonable y, por ende, liberar a los imputados.
También, Luis Fernando Salazar ordenó la libertad por considerar que el proceso atentó contra la dignidad humana.
La Sala condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios.
