El caso del segundo implicado lo dieron a conocer los dos representantes de la Fiscalía Adjunta de Limón (pidieron que sus nombres ni sus fotos se divulgaran por razones de seguridad) y lo ratificaron los abogados José Ramón Morales y Juan José Picado, que representan a la Refinadora en el debate.

La identidad del nuevo sospechoso no se dio a conocer en la sala de debate pero está plenamente identificado y la misma Refinadora aportó el número de cédula y lugar de residencia. Según la referencia, la denuncia la firmó el gerente de Recope, Max Umaña Hidalgo, y la recibió el fiscal Adjunto de Limón, Manuel Jiménez Steller.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó que se suspendiera el juicio contra Pérez Sánchez argumentando que eso podría generar sentencias contradictorias y que el asunto se pase a la vía expedita, como se está tramitando, a la vía ordinaria, cuyos plazos son mayores.

No obstante el juez Sergio Céspedes no aceptó el traslado y ordenó que se le leyera la acusación contra Pérez Sánchez, acción que se hizo a las 7:45 p.m. de este miércoles. El acusado se abstuvo de prestar declaración.

Pérez es un trabajador con ocho años en Recope y se desempeña en el departamento de Mantenimiento de Instrumentos, donde devenga un salario de ¢400.000, según dijo.

Hechos gravísimos

Tanto el Ministerio Público como los abogados Morales y Picado, calificaron de “muy grave” la acción de sabotaje que se hizo contra las instalaciones de Moín, la cual pudo tener una consecuencia gravisima.

El atentado ocurrió el 11 de setiembre en las instalaciones de la refinadora en Moín. Eran las 8 p. m. en momento en que se estaba trasegando gas licuado del que se usa en las casas para cocinar de un barco de gran tamaño a las esferas en las cuales se almacena en Moín.

En determinado momento, dos funcionarios de Recope que se encargaban de esa labor notaron que en una esfera había un reguero de aceite hidraúlico debido a que desarmaron una pieza que regula la entrada y salida del gas. De inmediato se suspendió el trasiego.

De no haber detectado ese sabotaje, se podría haber presentado un escape de gas que, tomando en consideración la cantidad de gas que había en la esfera como en la embarcación, hubiera desatado una explosión de grandes magnitudes, según dijeron tanto la Fiscalía como los representantes de Recope.

Asimismo, en la acusación se hizo ver que los funcionarios de Recope, alumbraron con un foco y descubrieron a un sujeto como a unos 30 metros de distancia de la esfera.

Con ayuda de la Fuerza Pública, se le detuvo a 400 metros de distancia de la esfera: era un hombre que vestía un quimono de los usan los trabajadores de la Refinadora y tenía los pies descalzos. En ese momento se le identificó como un trabajador de la institución. Otro sujeto logró darse a la fuga.

Por este caso, Pérez enfrenta un proceso penal como sospechoso del delito de atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones, previsto en el artículo 260 del Código Penal, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Este delito castiga con prisión de uno a cuatro años al que atente “contra plantas, obras e instalaciones destinadas a la producción o transmisión de energía eléctrica o de sustancias energéticas”, según lo fija el 255 del Código Penal.

Para este debate está prevista la presencia de ocho testigos. Este miércoles el debate se suspendió a las 9 p. m. y continuará el próximo martes a las 5 p.m.

Asimismo, durante el juicio, el defensor Henry Loaiza pidió al juez Sergio Céspedes que se abstuviera de conocer este caso por un diferendo que tuvieron durante el años 2013.

Sin embrago, otro juez Ronald Abarca resolvió y dijo que Céspedes debería de seguir conociendo del tema .