Una privada de libertad trans denunció haber sido discriminada por funcionarios del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, por no dejarla asistir a sus clases universitarias con blusa de tirantes. La reclusa presentó un recurso de amparo y la Sala Constitucional le dio la razón, según comunicó este viernes el alto tribunal.
La mujer trans estudia en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y narró que el pasado 1.° de marzo, cuando se dirigía para clases, se puso una blusa “de tirantes de 2 cm, sin escote, con la espalda moderada y de un largo distinguido a la cadera”, pero cuando iba a salir de la celda uno de sus compañeros de curso le dijo que no podía salir del pabellón con la blusa que portaba.
Relató que, efectivamente, al momento de salir un oficial encargado del traslado al centro universitario “la indispuso en la salida por la blusa de tirantes”, por lo cual optó por ponerse un suéter. Agregó que, en el área de requisa personal, el mismo oficial le informó al supervisor la situación y ambos le reiteraron que siempre “debía cubrirse” para asistir a sus estudios universitarios.
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La reclusa, quien se hace llamar Lorelain, siguió utilizando un abrigo para asistir a clases, pero reclamó a la Sala IV que estuvo muy afectada psicológicamente, ya que sentía “discriminación y homofobia” de parte del personal del Área de Seguridad.
Incluso destacó que mientras estaba en clases, uno de los funcionarios del área educativa ingresó y tuvieron una discusión por su manera de vestir. Dijo que en ese momento le manifestó a ese funcionario que no todas las personas tienen la facilidad de adquirir bienes personales y que en su caso no podía comprar ropa (por lo que utilizaba la blusa de tirantes y el suéter).
Sostuvo que también se sintió discriminada por el área educativa del centro penal, lo cual calificó como homofobia. Reclamó que los funcionarios le alegaron que su actuación respondía a una directriz del centro penal “de la dirección del ámbito de Mediana Abierta, De los módulos C”. La privada de libertad aseguró que se sintió atacada por parte del equipo técnico del centro.
Al final, la Sala Constitucional aceptó el reclamo planteado por la afecta y le ordenó a la cárcel dejarla usar su blusa de tirantes.
“Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la restricción que se le impuso a la persona tutelada de utilizar blusas de tirantes en el área educativa del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro. Se ordena a Laura Víquez Alpízar, en su condición de directora, o a quien ocupe ese cargo, que coordine lo necesario, gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, de forma inmediata, se le permita a la persona tutelada, Lorelain Madrigal Montero, asistir al área educativa con blusa de tirantes, si ella así lo desea”, concluyó.
El alto tribunal condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirvieron de base a la declaratoria del presente caso y detalló que estos se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
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