Privado de libertad con discapacidad denuncia agresión de policía penitenciario en San Carlos
Recluso afirmó en ‘habeas corpus’ que oficial lo agredió luego de que él pidió una salida médica
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, impulsó una ley para que las personas detenidas puedan ser liberados en caso de que colaboren con información que permita esclarecer crímenes. Imagen ilustrativa.
Un privado de libertad con discapacidad denunció haber sido agredido por un policía penitenciario en el Centro de Atención Institucional (CAI) Nelson Mandela, en San Carlos.
Harold Granados Rojas, de 60 años y quien usa silla de ruedas, expuso los hechos en un habeas corpus presentado por otro recluso el 21 de enero ante la Sala Constitucional. Al parecer, Granados, quien tiene cáncer terminal, requirió atención médica y fue trasladado con un enfermero de la cárcel.
Según el recurso, al ser atendido por el enfermero, Granados pidió una salida médica (para ir a una clínica externa al centro penal), lo que desencadenó una discusión con un oficial de apellido Barrera.
“El oficial Barrera lo tomó del cuello, tipo candado chino, y lo estaba ahorcando, si no llega otro oficial a auxiliar al señor, estaría muerto. El abuso de poder de la policía en este centro es repetitivo, el jefe de seguridad brilla por su ausencia”, señala el recurso.
Los hechos fueron denunciados por la ONG Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias. Foto: Cortesía Rafael Ángel García.
Según el recurrente, “más de 100 privados de libertad” fueron testigos de la agresión, la que dejó a Granados en el Hospital San Carlos. Añadió que se trató de un hecho esporádico en la escuadra A, pero que en otras escuadras de la Policía Penitenciaria de esta cárcel sí son más comunes las agresiones a los presos.
“Este hecho es esporádico en la escuadra A, ya que son oficiales honestos y serviciales, pero un oficial como Barrera no debería ser oficial de seguridad, ya que nunca leyó el manual de la Policía Penitenciaria. No puede utilizar la agresión física sin justificación, mucho menos a un paciente con las patologías de este señor, en silla de ruedas”, indica el habeas corpus.
En el recurso, también se le pidió a la Policía Penitenciaria abrir una investigación sobre lo sucedido, y al Ministerio Público abrir una causa por el delito de abuso de autoridad.
Rafael Ángel García, presidente de la ONG Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias, manifestó que “es indignante poderse dar cuenta de cómo la Policía Penitenciaria no se mide en el uso de la fuerza desmedida y ataca a un privado de libertad en estas condiciones”.
“A él se le está tramitando una visita a la cárcel Nelson Mandela para poder tramitar ante el juez ejecutor de la pena un beneficio de casa por cárcel, por la enfermedad que él está viviendo”, detalló García.
Ante consulta de este medio, la oficina de prensa del Ministerio de Justicia indicó que “efectivamente se está investigando un caso por una presunta agresión”.
Otros casos
Copiado!
El recurso de habeas corpus ha sido utilizado en otras ocasiones por privados de libertad para reclamar agresiones sufridas por parte de oficiales.
Por ejemplo, el 9 de agosto pasado, los magistrados constitucionales habían resuelto un habeas corpus a favor de un privado de libertad de Máxima Seguridad, en La Reforma, que reclamó ser víctima de una golpiza por parte de policías penitenciarios.
Frente a este reclamo, los magistrados ordenaron a las autoridades de ese centro penal que iniciaran “procedimiento administrativo para descubrir la verdad real de los hechos alegados por el recurrente en este recurso” y que instalaran equipo de grabación portátil con el fin de almacenar todas las intervenciones policiales en las celdas.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, había afirmado que la institución no contaba con el presupuesto necesario para instalar cámaras portátiles, por lo que se limitarían los decomisos en las celdas de las cárceles del país. Sin embargo, la Sala Constitucional señaló que la orden dada al Ministerio de Justicia no es nueva, sino que reitera la línea que ha mantenido el Alto Tribunal en dicho asunto durante varios años.
Es decir, los decomisos se han seguido realizando a pesar de que no siempre se cuente con las cámaras requeridas.
