La investigación disciplinaria, realizada por la Corte Plena contra el exmagistrado suplente de la Sala I, Moisés Fachler, por la filtración de un borrador de sentencia en el caso conocido como Crucitas, fue ilegal.
A esa conclusión llegó el Tribunal Contencioso de Goicoechea, que el jueves condenó al Estado a pagarle ¢10 millones al exfuncionario, por el daño moral causado.
Los juzgadores Christian Hess, Cynthia Abarca y Roberto Garita determinaron que la Corte no tenía potestad para realizar esa pesquisa debido a que, cuando se dio a conocer la denuncia, el juez renunció.
“La responsabilidad disciplinaria solo puede exigirse a quienes sean funcionarios, mientras se encuentren activos”, señalaron los jueces, quienes agregaron que era “ineludible declarar la manifiesta ilegalidad”.
El Tribunal anuló sesiones de Corte Plena, realizadas entre el 2011 y el 2012, en las cuales se ordenó abrir un órgano director para indagar lo sucedido y, luego, se acogió el informe.
La pesquisa estuvo dirigida por la magistrada Julia Varela y determinó que Fachler cometió una falta “gravísima”.
No obstante, como el investigado ya había renunciado, la Corte decidió comunicar lo resuelto a la Asamblea Legislativa, para que tomara nota.
Consultada sobre esto, la presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva, comunicó ayer que este es un proceso con posibilidad de ir a casación.
“La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Procuraduría General de la República que tramite el recurso, por lo que no es oportuno referirse al tema hasta que la sentencia no esté en firme”, manifestó la jerarca judicial.
Filtración. La causa administrativa contra Fachler se remonta a noviembre del 2011, cuando se dio a conocer la filtración de un borrador de sentencia a personeros de la compañía Industrias Infinito, la cual pretendía desarrollar un proyecto minero en Cutris de San Carlos.
El 15 de noviembre de ese año, Fachler presentó su renuncia a la Corte, pues dijo sentirse aludido por la denuncia, aunque afirmó no tener responsabilidad.
Ese mismo día, los magistrados decidieron abrir un órgano director que investigara.
Posteriormente, la Fiscalía abrió una pesquisa por incumplimiento de deberes y divulgación de secretos, pero en julio del 2012 solicitó el sobreseimiento, el cual fue acogido por el Juzgado Penal de Hacienda.
El 12 de noviembre de ese año, la Corte Plena conoció el informe, el cual determinó que se dio una falta gravísima.
Los magistrados Fernando Castillo y Ernesto Jinesta hicieron ver la improcedencia de ejercer la potestad disciplinaria contra un exfuncionario.
Sin embargo, al final se optó por comunicarlo al Congreso.
‘Persecución’. El exmagistrado expresó ayer su satisfacción con el fallo, pues aseguró que fue víctima de una “persecución”.
“Fue un actuar (de la Corte) poco racional, muy temperalmental y de querer quedar bien con la opinión pública, pero no se estaban protegiendo los derechos de inocencia míos”, dijo.
Reiteró que la Corte Plena se comportó de forma “nerviosa, incapaz de serenarse para poder tomar una decisión objetiva”.
Consideró que el órgano superior del Poder Judicial usó su caso para demostrar independencia.
“Creo que la Corte Plena percibía que había grandes cuestionamientos y vio que era una manera de señalar la independencia de criterio, fuera de cualquier posible intervención de terceros”, expresó. Colaboró la periodista Irela Fornaguera