Cinco rondas, 110 votos emitidos en secreto y casi seis horas fueron insuficientes para que los magistrados seleccionaran al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia este lunes. Por ello, los candidatos procurarán el 5 de setiembre reunir el apoyo suficiente para llegar a la jerarquía de este poder de la República.
Dentro una semana, la dinámica será similar, por lo que se programarán inicialmente tres rondas de votación secreta y, en caso de que ninguno de los aspirantes alcance en alguna 12 votos, que significan una mayoría simple requerida para sellar una victoria, se realizarán dos turnos más. De no haber resultado definitivo, de nuevo se programará una sesión para siete días después.
Este lunes 29 de agosto, aunque las opciones de votación eran cinco, fueron dos los que acapararon la mayor cantidad de apoyo a lo largo del proceso.
Se trata de Patricia Solano Castro, vicepresidenta de la Corte desde el 2019, presidenta de Sala Tercera (Casación Penal) desde el 2020 y magistrada propietaria desde el 2018, y Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado de Sala Constitucional desde el 2013. Ambos cosecharon entre seis y diez sufragios a lo largo del día, siendo el segundo el que terminó fortaleciéndose en las rondas finales.
En tanto, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de Sala Primera (encargada de lo civil, contencioso administrativo, agrario y comercial) desde el 2014 y magistrado propietario desde 1999; Orlando Aguirre Gómez, presidente de Sala Segunda (encargada de lo laboral y familiar) desde 1991 y magistrado propietario desde 1989, y Roxana Chacón Artavia, magistrada propietaria de Sala Segunda desde el 2018, sumaron entre uno y tres votos a lo largo del día.
Previo a la elección, los aspirantes expusieron por entre 20 y 25 minutos el motivo por el cual aspiran a la presidencia de la Corte, así como las metas y propuestas para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.
Orlando Aguirre: Ideas políticas amenazan independencia judicial
El primero en dar a conocer su punto de vista, por orden alfabético de su apellido, fue Orlando Aguirre, quien afirmó que “acciones políticas” para fortalecer las finanzas públicas y ordenar el sistema de empleo han amenazado la institucionalidad del país. Además, destacó que “hay proyectos e ideas en el ambiente político que pueden vislumbrarse como amenazas para la independencia del Poder Judicial”.
Para él, su experiencia y conocimiento le permitirán aportar al sistema judicial y velar siempre por su integridad mediante la realización de todas las tareas necesarias. “Durante mi larga trayectoria siempre he sido un soldado dispuesto a trabajar en lo que sea necesario para la independencia del sistema judicial”, insistió.
Aguirre dijo que es grave la fuga de talento en el área tecnológica y afirmó que para él esta situación “tiene su origen en limitaciones que han venido dejando con una muy poca capacidad de acción” al Poder Judicial, por lo que ve necesaria una auditoría técnica para tener un control del funcionamiento de la institución. “Tenemos la tecnología que nos permite conectarnos con todos los juzgados del país. Esa auditoría no es para apagar incendios, trabajaría en armonía con la Contraloría de Servicios”, propuso.
Reconoció que hay tareas pendientes y que la Corte no ha ido funcionando bien, lo cual se ve reflejado en el “cúmulo importante de casos por resolver”, en los cuales es necesario avanzar.
Sobre la mora judicial aseguró que esta sigue gravitando sobre la institución y su prestigio e insistió que esto no se ha descuidado sino que “hemos buscado la solución a través de reformas en el área civil, penal y laboral, pero el resultado no ha sido lo más satisfactorio” y dijo que de resultar electo esto se abordaría desde el punto de vista técnico.
Roxana Chacón: Puedo impulsar el cambio necesario en el Poder Judicial
Por su parte, Roxana Chacón aseguró que puede impulsar el cambio necesario en el Poder Judicial, recordó los escándalos de corrupción que salpicaron este poder en el pasado y dijo que no debe ignorarse el Estado de la Justicia. “Ya tenemos aprobada una estrategia de comunicación sobre la institucionalidad del Poder Judicial”, indicó Chacón ante la caída en la percepción pública de la institución.
Añadió que es necesario revisar el presupuesto institucional, atender con prioridad la mora judicial y buscar que la Corte defina una agenda con reformas al Código Procesal de Familia, cuya vigencia se plantea hasta el 1.° de octubre del 2024, y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La magistrada también propuso “incorporar tecnologías novedosas que permitan dotar de mayor eficiencia a la tramitación y resolución de los casos”, así como la construcción de la Política Anticorrupción del Poder Judicial por parte de la Corte Plena y la creación de la Comisión de Transparencia Institucional y de la Oficina de Cumplimiento.
Mencionó que, a su criterio, “la agenda de género del Poder Judicial requiere un impulso con mayor fuerza. Hemos venido trabajando seis proyectos fundamentales en combate de violencia en contra de las mujeres”.
Chacón destacó como logros de su carrera como magistrada las capacitaciones a los funcionarios judiciales al dar sentencias desde la perspectiva de género, el “impulso fuerte al protocolo de las 72 horas para la atención de víctimas de violación” y defendió que “hemos tratado de hacer la búsqueda de cooperación interinstitucional con el Colegio de Periodistas para la capacitación de periodistas” en el tema de género.
Asimismo, sobre las elecciones secretas, dijo que aunque por ley algunas deben hacerse así, ella cree “que debemos ser cristalinos de cara a la opinión pública. Yo siempre he creído que debemos ser abiertos y mostrar nuestras posiciones”, indicó.
Luis Guillermo Rivas: Presidente de la Corte debe ir a todas las oficinas del Poder Judicial
Luis Guillermo Rivas fue el tercer aspirante en exponer sus ideas y defendió que debe mantenerse la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. “Aquí hemos discutido cómo nos vamos a relacionar con los otros poderes de la República para mantener la independencia, no es para mantener a cierto grupo que se le llama privilegiado, es la independencia e imparcialidad para resolver un caso concreto”. Agregó que “cada persona quiere que su asunto se resuelva con imparcialidad y eso es lo que queremos garantizar”.
Paralelamente, señaló que es necesario que el presidente de la Corte Suprema de Justicia visite todas las oficinas del Poder Judicial como parte de sus labores. “Somos 412 oficinas jurisdiccionales en todo el país, no somos solamente la Corte Suprema de Justicia, 1.300 jueces resolviendo los conflictos de los costarricenses, esa es la principal tarea del Poder Judicial” Añadió que “no se puede quedar un presidente del Poder Judicial aquí en San José”.
Sobre la mora judicial aseveró que debe buscarse una solución más allá de que una misma persona resuelva más con los mismos recursos. “Se nos cuestiona que tenemos mora judicial y la gente está preocupada porque no les resolvemos, pero tenemos reformas judiciales, reformas procesales, hemos hecho una revolución completa de todas las jurisdicciones, algunas exitosas, otras no tan exitosas, pero hay oficinas que están haciendo bien las cosas y otras necesitan tener una reforma con el objeto de afinar estos proyectos”, explicó.
Rivas dijo que el presupuesto no le alcanza al Poder Judicial porque han recibido más obligaciones. Asimismo, aseveró que se deben adoptar programas informáticos para agilizar trámites, como ya se hace en otros países, y que no se puede administrar un Poder Judicial con consignas de pelea, por lo que debe darse un salto tecnológico. “Ahora se están yendo los informáticos porque está es una institución rígida, es una institución inflexible, tenemos que romper esa inflexibilidad”, afirmó.
Luis Fernando Salazar: Mediante el voto público se fortalece nuestra democracia
Luis Fernando Salazar recalcó de entrada el compromiso de todos los funcionarios del Poder Judicial, dijo que los sistemas de control consolidados y las direcciones administrativas son un “alto baluarte institucional”, por lo que a partir de esto trabajará en impulsar mecanismos de justicia pronta y cumplida, así como en depurar la agenda de la Corte Plena para que las sesiones sean más céleres y eficientes; sin embargo, destacó que para ello es necesario un diálogo fluido entre los actores.
Para él, mejorar los ejes centrales desde la presidencia son necesarios para un sistema de justicia más eficiente y confiable, a través del diálogo constante y permanente, mejor entorno laboral y fortalecimiento de la infraestructura.
También dijo le dará prioridad a la elección del próximo fiscal general de la República “una vez superados los recursos y obstáculos para que la terna pueda ser enviada para el próximo mes de setiembre” y afirmó estar “convencido que mediante el voto público se fortalece nuestra democracia”, por lo que es necesario trasladar “desde la Corte toda la competencia de los nombramientos de las personas juzgadoras al Consejo de Judicatura”.
Paralelamente explicó que “una credibilidad en el sistema de justicia es posible, resolviendo el conflicto de manera pronta y cumplida”, por lo que propuso “generar una política de comunicación permanente con la ciudadanía”, con explicación de los procesos acorde con los tiempos actuales y la divulgación, desde los viernes, la agenda de los temas de la sesión Corte Plena de cada lunes para los medios de comunicación, a quienes también estaría dispuesto a compartirles un comunicado con los aspectos más relevantes abordados en cada sesión.
Además, aseveró que se acompañará a la Comisión creada para la implementación de la ley de empleo público, con el fin de procurar una retribución salarial justa y equitativa entre los funcionarios judiciales.
Finalmente, ante consulta de Damaris Vargas Vásquez, magistrada de la Sala Primera, sobre las iniciativas para las nuevas generaciones aseveró que tiene tres hijos menores de 21 años y que “podría ser que a nuestras edades estamos desfasados”, por lo cual “debemos incorporar en mesas de trabajo” a los millennials que trabajan en el Poder Judicial.
Patricia Solano apuesta a ‘unir para construir’
Patricia Solano fue la última aspirante en exponer sus propuestas durante el proceso de elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y dijo que apuesta a “unir para construir”, ya que para la democracia de Costa Rica es necesario un Poder Judicial independiente, así como “la mejora de nuestros canales de comunicación internos y externos”.
Agregó que sus principales ejes temáticos son: gestión de la mora judicial, gobierno judicial, combate a la corrupción, gestión de la comunicación y enfoque de género.
Sobre la mora judicial dijo que no son solo cuellos de botella, el tiempo que demoran en un caso o el circulante en cada materia, por lo que propone una solución que defina técnicamente el concepto de mora judicial, ya que para ella es fundamental para combatir esa situación “sin sacrificar nunca la calidad de la justicia”.
Al referirse al gobierno judicial sostuvo que “necesariamente nosotros tenemos que descongestionar labores de Corte, como el nombramiento de jueces”, para lo cual propone elaborar un plan anual operativo para la Corte Plena, así como “mejorar los canales de comunicación entre el despacho de la presidencia y diferentes jefaturas”.
Acerca del combate de la corrupción manifestó que “no podemos desconocer la realidad mundial que nos enfrenta a fuerzas ilegítimas con intereses privados espurios” y destacó que “el fenómeno de la corrupción exige un abordaje técnico y especializado”. Para Solano “la institución puede enfrentar este problema con la finalidad de resguardar la toma de decisiones administrativas y jurisdiccionales”, por lo que promueve una normativa institucional que regule la transparencia del Poder Judicial, así como “apoyar actividades para la sensibilización de la población judicial sobre la importancia del comportamiento ético”.
De la gestión de la comunicación, que para ella debe ser “un instrumento estratégico” para el funcionamiento de este poder de la República, cree necesario “impulsar la creación de una política de comunicación que contemple la estrategia de diferentes temáticas institucionales”, “potenciar el monitoreo del estado de la situación” y “ejecutar un plan de vocerías para jerarcas en cumplimiento de objetivos”. Finalmente, concluyó que deben potenciarse los liderazgos femeninos y buscar la capacitación para que las funcionarias judiciales tengan mejores oportunidades.
