En caso de ser aprobado el expediente 24.019, conocido como Ley de Ejecución de la Pena, el Poder Judicial requeriría, al menos, ¢269 millones anuales para sostener los nuevos Tribunales de Apelación que atenderían esa materia. Ese dinero sería para pagarle a jueces, coordinadores y técnicos, destacó la magistrada Patricia Solano en la sesión de la Corte Plena de este lunes.
Solano brindó estos datos al exponer que el proyecto de ley incidiría positivamente en el funcionamiento del Poder Judicial, pues definiría plazos para que los jueces correspondientes emitan resoluciones y llenaría el vacío legal que existe sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas por el sistema judicial. En la actualidad, no existe una ley que ordene la política penitenciaria en Costa Rica, la cual está sujeta a los reglamentos que emitan los gobiernos de turno, cada cuatro años.
Según cálculos de la Dirección de Planificación, los tribunales costarían ¢269 millones si fueran conformados por jueces tipo 4, que son quienes dictan resoluciones en los tribunales. Sin embargo, si se conformaran por jueces 5 (quienes resuelven apelaciones), el costo aumentaría a ¢297 millones al año.
El tipo de juez podría quedar definido en la misma ley si así lo determinan los diputados, o podría ser decisión eventualmente de la Corte Plena.
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Además, no se ha calculado el costo del mobiliario, equipo, soporte tecnológico, espacio físico, entre otros rubros. La magistrada Solano recordó que será la Asamblea Legislativa, al aprobar el presupuesto del Poder Judicial, la que permitiría que se cubran estos gastos.
Este proyecto de ley es iniciativa del Poder Judicial, y ya había sido consultado a la Corte Plena en enero, pero se consultó de nuevo porque el 3 de octubre la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso aprobó de forma unánime un texto sustitutivo que incluye partes del expediente 23.688, que es una reforma penitenciaria propuesta por el Gobierno.
La propuesta del Poder Ejecutivo busca otorgar rango de ley al decreto ejecutivo N.°40849-JP que, entre otras funciones, establece las condiciones que deben cumplirse para que el Ministerio de Justicia sopese trasladar a reos del programa de cárcel permanente al sistema semiinstitucional o de confianza.
“El documento (texto sustitutivo) es el resultado del trabajo de varias instituciones, dado que en corriente legislativa habían ingresado dos proyectos con visiones un poco distintas. Por ello se procedió a buscar el consenso para plasmar en un único documento las funciones de las distintas instituciones que intervienen en la ejecución de las sanciones penales”, señala el informe de Solano.
El nuevo texto consiste en 159 artículos divididos en cinco títulos: disposiciones generales; derechos y deberes de las personas privadas de libertad; Sistema Penitenciario Nacional, donde se regulan sus funciones, las principales autoridades, medios de impugnación, entre otros aspectos; Control Jurisdiccional de la Ejecución de la Pena, donde se describen las funciones de jueces, Ministerio Público, Defensa Pública, la persona sentenciada y la víctima; y disposiciones finales.
De aprobarse el proyecto, regiría un año después de su publicación.
