El 20 de julio del 2016, Roy Murillo, juez de Ejecución de la Pena de San José, ordenó el cierre definitivo de la cárcel de San José, conocida popularmente como San Sebastián, por considerarla una “jaula humana”.
En ese entonces la sobrepoblación sobrepasaba el 50% en ese centro que, en teoría, es solo para indiciados (personas que son investigadas por un delito), pero en la que también estaban recluidas personas con sentencia sobre sus hombros.
Por ello, Murillo giró no solo el impedimento para evitar nuevos ingresos de presos, sino que otorgó el plazo de cuatro años para desalojar por completo dicho centro penal o, bien, para hacerles todas las mejoras necesarias para resguardar los derechos humanos de la población penal.
Ese plazo venció el 17 de octubre del 2020, momento en el que la jueza de Ejecución de la Pena de San José, Irene Barrantes, emitió una nueva orden de cierre estricto, ya que, pese a que la sobrepoblación sí se eliminó, el deterioro del centro penal “se mantiene”.
La propia Barrantes fue quien confirmó la decisión, ante una consulta de este medio.
“Al día de hoy, la jerarca (de Justicia, Fiorella Salazar) y demás autoridades siguen sin cumplir a cabalidad lo ordenado (...) A la fecha, no se ha recibido un plan remedial concreto por parte de la ministra para que sea valorado por el Juzgado”, resaltó la juzgadora.
Por ello, agregó Barrantes, “no es posible dentro del marco de legalidad levantar la medida correctiva aplicada (el cierre definitivo)”.
Pese a eso, Salazar le solicitó a ese Juzgado que levante dicha medida y le permita utilizar los cerca de 300 espacios habilitados que tienen en esa prisión. De hecho, el 6 de setiembre pasado interpuso un recurso de habeas corpus donde pide, entre otras cosas, el cese de esa orden judicial.
La jerarca aseguró que esa apertura sería la verdadera solución para paliar en gran medida la crisis carcelaria que hay y no así la recomendación que le dieron los jueces de Ejecución de reubicar reos al régimen de confianza.
“Nos llama muchísimo la atención que se sugiera esto (la reubicación) y al mismo tiempo se mantenga cerrado un centro (el CAI San José) que cuenta con espacios listos para ser utilizados (cerca de 300)”, apuntó Salazar por medio de un comunicado de prensa, sin abordar sobre las condiciones de la infraestructura.
MNPT: Prisión tiene un ‘desgaste total’
Como seguimiento a esta medida correctiva dictada primero por Murillo y luego por Barrantes, se le solicitó un informe sobre las instalaciones de ese centro al Mecanismo Nacional de la Prevención de Tortura (MNPT), ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes.
En el informe MNPT-INF-147-2021, con fecha 11 de agosto pasado, el Mecanismo concluyó que si bien el Ministerio ha hecho algunas mejoras en ese centro penal, su infraestructura no permite una remodelación real e importante.
Por lo tanto, resaltó, “en términos generales, las condiciones de infraestructura permanecen igual” a las detectadas en el 2016.
Durante la visita que realizaron el 22 de julio Róger Víquez y Lorna Elizondo (director y funcionaria del MNPT, respectivamente), se percataron que la atención a los reos había mejorado considerablemente, así como que había eliminado la sobrepoblación, ya que había 237 presos en un espacio para 590.
Sin embargo, la estructura presenta un “desgaste total”.
“La infraestructura del centro no permite la creación de más espacios y las remodelaciones que al centro se le pueden realizar son mínimas, ya que algunos de sus diseños difícilmente pueden ser variados.
“Un ejemplo de ello es el área médica que se encuentra ubicada en un espacio de fácil acceso para la población privada de libertad, pero también, por su ubicación conlleva un riesgo alto en casos de disturbios o motines en el centro, en el caso de las oficinas de los funcionarios profesionales se mantienen igual”, se detalla en el documento.
Además, se indicó que “son muchos otros factores” los que ocasionan deterioro en el centro, lo cual atenta contra la dignidad y derechos humanos de la población.
Por ello, el MNPT reiteró la recomendación emitida en el informe del 2016 sobre la construcción de un nuevo centro exclusivo para personas indiciadas.
Para la entidad, esa es la solución a la saturación que se ha venido dando desde tiempo atrás en celdas judiciales y que ha sido un tema álgido principalmente en el último año pandémico, “pero la apertura o no del CAI de San José dependerá del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José”, precisó Víquez.
Aulas serían espacio de aislamiento
En la vista del MNPT, se detectó que Justicia separó 234 espacios en los siete módulos de la prisión para realizar aislamientos preventivos por covid-19.
La mayoría de estos cupos están desocupados, por lo que el ministerio considera que, de cesar la orden judicial, podrían usarlos.
Están distribuidos de la siguiente manera: 118 en el módulo A1; 50 en el módulo C2; 33 en las aulas del centro; 27 en el módulo B3; y seis en los dormitorios de visita conyugal.
Sobre esto, el MNPT señaló que, recientemente, se inició el periodo lectivo presencial, por lo que las aulas están en uso.
“Sin embargo, se indicó por parte de la dirección del centro que, en caso de necesitarse más espacios para aislamiento ante la aparición de casos positivos, se suspenderían las lecciones presenciales para dar uso a estos espacios y brindar prioridad a la atención en salud”.
Otros hallazgos del informe
- El área de atención profesional está compuesta por tres orientadores, tres abogados, tres trabajadores sociales y un psicólogo.
- El personal de atención de la salud se compone de odontología, dos enfermeros y tres doctoras, de las cuales una está dedicada a valoración y atención de sintomatología de nuevo coronavirus.
- El personal de seguridad asignado al centro penal es de 240 policías que no están en su totalidad activos, ya que algunos se han acogido a la pensión y otros se encuentran de vacaciones.
- Modulo C1 y C2 estaban en labores de remodelación cuando hicieron la visita: el primero estaba por finalizarse; el segundo estaba en trabajos de pintura. Recomiendan fumigarlos por la cantidad “exagerada” de zancudos que había.
- 100% de la población al momento de la visita estaba vacunada contra la covid-19.