El 16 de agosto del 2023, un hombre llegó a preguntar por la casa donde vive la madre del juez disciplinario notarial Sergio Valverde, en el centro de San José, con interés de comprarla.
Eso preocupó a Valverde, pues la casa no estaba en venta, por lo que revisó en el Registro de la Propiedad y encontró que la finca, de 120 metros cuadrados, pasó de estar a nombre de su difunto padre, fallecido en 1989, a nombre de un hombre de apellido Montero.
Un día después, Valverde denunció estos hechos ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y se abrió el expediente 23-023585-0042-PE. Valverde asocia a cuatro personas con este hecho: quien abrió el proceso sucesorio, dos notarios, y quien recibió la finca.
El Ministerio Público confirmó que la causa se investiga contra una persona de apellido Guzmán, por el presunto delito de falsedad ideológica. Este delito lo comete quien “insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”, y el Código Penal establece penas de uno a seis años de prisión.
Para completar este traspaso, se tuvo que realizar un fraude notarial con una firma falsa de la mamá, aseguró el juez, quien relató su caso a La Nación.
Al morir su padre, los hermanos acordaron nombrar a uno de ellos, Juan Carlos, como albacea, es decir, encargado de resguardar el terreno dado que el padre no dejó testamento. En el 2011, Juan Carlos falleció, y la sucesión de la finca quedó estancada “porque a nadie le urgía adjudicar el bien y además ahí está viviendo mi mamá, que tiene 82 años y pues cuando sea el momento, la idea es vender y repartir”, contó Valverde, quien trabaja en el Primer Circuito Judicial de San José.
Según el juez, de alguna manera un grupo de abogados se dio cuenta de que el dueño había fallecido e iniciaron una sucesión en sede notarial, un proceso que le quita trabajo al Poder Judicial pues no hay necesidad de realizar el traspaso con un juez.
En este tipo de sucesiones, el notario está obligado a notificar a los herederos y revisar que toda la información sea cierta, lo cual fue omitido por el abogado encargado. Para revisar la veracidad de las cédulas, Valverde explicó que el Registro Civil da un servicio a los notarios para verificarlas.
“En este caso, es muy evidente que para abrir la mortual, alguien falsificó la firma de mi madre, y el notario que lo tuvo a cargo no se preocupó como era su deber en buscar a los hijos o nietos de la persona fallecida, porque ellos tenían que ser parte en esa sucesión”, dijo.
En el Boletín Judicial del 2 de marzo del 2022, se declaró abierto el proceso sucesorio. “Se cita y emplaza a todos los interesados para que dentro del plazo máximo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, comparezcan ante esta Notaría a hacer valer sus derechos”, indica. Sin embargo, Valverde sostuvo que a ellos no les avisaron personalmente, por lo que no se dieron cuenta de que el proceso estaba abierto.
Alegó, además, que se usaron datos falsos en el boletín, pues describen a su papá como empresario, cuando en realidad era juez y llegó a ser miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados.
El 4 de agosto del 2023, la finca con valor fiscal de ¢15,8 millones fue traspasada al hombre de apellido Montero, quien actualmente aparece como el propietario en el Registro Nacional.
Días después, un potencial comprador, quien Valverde cree que no estaba involucrado con el fraude, preguntó en el barrio por la propiedad, pero los vecinos le dijeron que ahí vivía la viuda del dueño con su hijo, Sergio.
El juez indicó que actualmente la propiedad cuenta con una alerta del Ministerio Público al Registro Nacional, para evitar que alguien compre un terreno que pudo haber sido traspasado fraudulentamente.
No obstante, Valverde y su madre de 82 años se han mantenido con el temor de que lleguen a sacarla de la casa, pues con base en el Registro Nacional, ella vive en una propiedad ajena.
Adultos mayores suelen ser víctimas
El Ministerio Público ya ha alertado sobre la prevalencia del fraude notarial en Costa Rica. Las víctimas de este delito suelen ser adultos mayores que llevan muchos años sin realizar movimientos registrales en sus propiedades, o extranjeros que vienen a comprar terrenos al país, pero una vez vuelven a su patria, los descuidan.
Una de las principales medidas preventivas para resguardarse contra este tipo de fraude implica revisar periódicamente el estado del Registro Nacional, asegurándose de que no se hayan registrado movimientos inusuales.
Además, el Registro ofrece un servicio denominado Alerta Registral, el cual, por una tarifa anual de aproximadamente $15, notifica a los usuarios por correo electrónico sobre cualquier actividad o trámite que se lleve a cabo en relación con sus registros. Si el dueño no fue quien realizó el movimiento, puede avisar y detener la gestión a tiempo.
Para compradores de fincas, es recomendable verificar con los vecinos que la persona que les presenta la casa es realmente la dueña. También se recomienda revisar el Registro Nacional usando el número de finca para identificar cualquier cambio reciente. Una señal de alerta podría ser que el vendedor adquirió la propiedad apenas un mes antes de ponerla en venta.