Los cuatro funcionarios del Banco Popular y los dos gerentes de Sinocem detenidos el miércoles pasado por su aparente vínculo con el caso del cemento chino, fueron dejados en libertad el viernes en la noche.
La decisión del Juzgado Penal de Hacienda la dio a conocer el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, en donde indicó que los imputados deberán firmar cada 15 días y no podrán salir del país.
Se trata de los funcionarios de apellidos Rojas Segura y Cortez Zúñiga, gerente general y gerente financiero de SINOCEM, respectivamente.
Además de Bogantes Brenes, analista de crédito del Banco Popular; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos de la entidad; Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial; y Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa.
A ellos se les vincula a un crédito irregular otorgado por el Banco Popular al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, importador de cemento chino.
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De hecho, la Fiscalía informó de que Bolaños figura como imputado en este causa penal, por lo que en las próximas semanas será llevado a la Fiscalía para que rinda su declaración.
Apelación
Con ese fallo, el juez rechazó la solicitud de la Fiscalía para que los imputados fueran seis meses a prisión preventiva.
El Ministerio Público informó de que apeló la resolución en la misma audiencia, al alegar la "existencia de falta de fundamentación por omisión de prueba, fundamentación contradictoria e insuficiente de parte del Juzgado".
Asimismo, el equipo de fiscales aseguraron que existen peligros procesales de fuga y obstaculización que hacen "necesaria" la permanencia de los imputados en la cárcel.
De momento, se debe esperar a que el Tribunal de Apelación de Hacienda señale la audiencia en la que se conocerá si se acoge el recurso de apelación planteado por la Fiscalía General.
Las acciones judiciales se vinculan con las pesquisas por el otorgamiento de un crédito de $5 millones, al parecer en condiciones irregulares, en el 2015.
A ellos se les investiga por el presunto delito de peculado. El jueves la fiscala general Emilia Navas informó de que dos de los ejecutivos del Popular, detenidos el miércoles, usaron un celular propiedad de la entidad financiera para vender cemento chino.
