La Iglesia católica fue sentenciada este martes al pago de ¢65 millones en favor de Carlos Roberto Muñoz Quirós, una de las víctimas del exsacerdote Mauricio Víquez, a quien el joven denunció por abusos y violaciones sexuales perpetradas cuando era menor de edad.
“Se declara que frente al señor Muñoz Quirós son solidariamente responsables José Rafael Quirós Quirós, en su condición de arzobispo metropolitano de San José, las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José y la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica, en virtud de la relación de dependencia del exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, quien estuvo encardinado en la Arquidiócesis de San Jose cuando cometió las ofensas sexuales contra el actor y el respectivo encubrimiento de dichas acciones”, se lee en el por tanto de la sentencia 2022-055, dictada a las 7:45 a. m.
El Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil de San José los condenó solidariamente al pago de ese monto por concepto de daño moral subjetivo y un adicional de ¢10.575.000 por honorarios y costas del proceso.
La información fue confirmada este mismo martes por Rodolfo Alvarado, abogado de Carlos Roberto Muñoz. El representante legal agregó que otros dos procesos por daño moral están pendientes de juicio, presentados por Michael Rodríguez y Anthony Venegas. Los tres eran monaguillos, menores de edad, y acudían a la iglesia donde el sacerdote Víquez daba misa y donde habrían ocurrido algunos de los presuntos delitos sexuales a finales de los años 90.
Las causas penales de Muñoz, Rodríguez y Venegas nunca se elevaron a juicio pues el Tribunal Penal de Desamparados consideró que estaban prescritas. Víquez sí purga una pena de 20 años de cárcel por violación agravada y abuso sexual en perjuicio de un cuarto muchacho, Josué Alvarado Quirós, que al momento de los hechos, en el 2003, tenía 11 años.
Sobre lo resuelto por el Tribunal Segundo Civil, el abogado Alvarado consideró que se trata de un “fallo inédito, que recoge la justicia costarricense, ejemplar, que viene a indicar las responsabilidades que tuvo la iglesia católica, que supo desde el 2002 que acontecían estos hechos y que nunca realizó, absolutamente nada, para detenerlos y paralizarlos”.
En cambio, la Arquidiócesis de San José indicó que presentará recurso de casación ante la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, donde reiterarán su interpretación de que este asunto está prescrito.
“Tal como hemos indicado desde el inicio del juicio, confiamos plenamente en el sistema judicial y en los jueces costarricenses y acataremos lo que se resuelva en sentencia final”, indicaron.
Los dos juicios pendientes por daño moral están programados para octubre y noviembre en los Tribunales Primero y Segundo Colegiados de Primera Instancia Civil de San José, según precisó el abogado Alvarado. En estos procesos no participa el exsacerdote Mauricio Víquez, solo los representantes de la Iglesia católica.
