Los desafíos del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia son muchos. Para alcanzarlos deberá tener la habilidad de escuchar, de administrar y, sobre todo, la capacidad para recuperar la credibilidad del Poder Judicial.
Este miércoles, los 22 magistrados que conforman la Corte Plena escogerán al jerarca entre cuatro candidatos: Fernando Cruz Castro y Fernando Castillo Víquez, ambos miembros de la Sala Constitucional; Luis Guillermo Rivas Loáiciga, de la Sala Primera, y Orlando Aguirre Gómez, integrante de la Sala Segunda.
El jerarca será electo por cuatro años y, en círculos judiciales se estima que será un nombramiento de transición o sea solo cumplirá el lapso para el cual fue electo.
Incluso Luis Guillermo Rivas, lo dijo el lunes anterior cuando anunció que postulaba su nombre: “Será por un período (cuatro años) porque sé que es una transición. Es un momento para tratar de que el Poder Judicial continúe”.
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Hay que tomar en cuenta que todos los aspirantes tienen aprobada la jubilación y pueden retirarse en cualquier momento.
Para personas conocedoras del funcionamiento del Poder Judicial, pero que por su relación pidieron se les mantenga en el anonimato, los candidatos más fuertes son Fernando Cruz y Luis Guillermo Rivas.
La Presidencia de la Corte quedó vacante el pasado 16 de julio cuando Carlos Chinchilla Sandí anunció que se acogía a la jubilación, luego de recibir una sanción administrativa decidida por sus colegas de Corte Plena y relacionada con la desestimación de una causa penal contra dos exdiputados ligados al caso del cemento chino.
Retos inmediatos
En la sesión de Corte Plena del lunes anterior, los magistrados coincidieron en señalar que urge un presidente en propiedad (actualmente ocupa el puesto Carmenmaría Escoto Fernández, pero de forma interina) para que represente al Poder Judicial en la negociación del próximo presupuesto, proceso que arranca el 1°. de setiembre en la Asamblea Legislativa.
La magistrada Nancy Hernández,sobre ese tema, manifestó ante sus compañeros que fundamentada en la experiencias de años anteriores, se requiere para ese momento tener nombrado un presidente titular con capacidad de “tomar decisiones” y que cuente con el respaldo de 15 o más integrantes de la Corte Plena.
Precisamente, para alcanzar la Presidencia, el candidato deberá obtener el apoyo de 12 magistrados (mayoría simple o mitad más uno). Sin embargo, para eso deberá superar divisiones internas al seno de la Corte, las cuales se hicieron latentes en mayo del 2017, cuando se designó a Carlos Chinchilla presidente.
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Observadores externos que hablaron con La Nación este martes, señalaron que había dos grupos pero que se han visto disminuidos con la jubilación de varios de los titulares. Ahora esos campos lo ocupan nueve magistrados suplentes, que tendrá derecho a voto este miércoles.
Hernán Campos, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sintrajad) dijo que no respaldan a ningún candidato, pero sí tienen exigencias.
“Que tenga el liderazgo suficiente para recuperar la resquebrajada imagen judicial, que se le dé transparencia a los nombramientos internos y se dejen de amiguismos y se refuerce la puesta en marcha de la reforma procesal laboral y la reforma procesal civil que arranca en octubre”, expresó.
La magistrada Nancy Hernández también, en sesión de Corte del lunes, dijo que el nuevo presidente debe liderar el diálogo con los funcionarios judiciales respecto al tema de los salarios del sector público y cuál va a ser la estrategia hacia futuro.
Reformas pendientes
Asimismo, otro reto que tiene el nuevo presidente de la Corte será el dirigir las discusiones y lograr a la mayor brevedad que los 22 magistrados lleguen a un concenso para aprobar nueve reformas urgentes para el Poder Judicial. En mayo pasado aprobaron el primer plan que es el de crear la carrera fiscal, ya fue enviado a la Asamblea Legislativa.
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Los otros temas pendientes de ser discutidos son:
- Procedimientos y requisitos para la selección de magistrados propietarios y suplentes. La idea es garantizar plena independencia e idoneidad técnica y ética. Planteará una reforma a los artículos relacionados al nombramiento.
- Régimen disciplinario. Pretende mejorar el procedimiento de sanción interno en el Poder Judicial.
- Protocolos de conducta de servidores judiciales. Fijar los principios que guíen las actuaciones de los funcionarios.
- Procedimiento para un diálogo permanente con la sociedad civil. Elaborar la estrategia.
- Reforma de la carrera judicial. Reestructurar los mecanismo para optar a la carrera judicial.
- Evaluación de desempeño. Elaborar un nuevo reglamento para evaluar el desempeño y la rendición de cuentas.
- Delimitar las funciones de la Corte. Concentrarse en la elaboración de las grandes políticas judiciales.
- Elaboración de un plan de reforma al sistema penal y procesal penal contra la corrupción. Examinar el sistema actual y plantear reformas.
- Reglamento de carrera en la defensa pública. Generar el reglamento.