La fiscala interina, Emilia Navas Aparicio denunció ante el Tribunal de la Inspección Judicial al fiscal general suspendido, Jorge Chavarría Guzmán, por solicitar dos desestimaciones a favor de Celso Gamboa Sánchez, en agosto y octubre del 2014.
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó este martes que la causa se abrió el pasado 30 de octubre y se tramita en el expediente número 17-001811-031-IJ, el cual se encuentra en fase de investigación preliminar.
Sobre el tema, la oficina de prensa del Ministerio Público explicó que la denuncia pretende revisar las actuaciones de Chavarría Guzmán en dos solicitudes de desestimación a favor de Gamboa Sánchez, en su anterior condición de ministro de Seguridad (expedientes 14-000063-033-PE y 13-000026-033-TP).
La Fiscalía fundamenta la necesidad del procedimiento disciplinario por cuanto se estima "que entre ambas partes existe una amistad íntima y que el deber del señor Chavarría era abstenerse de conocer, tramitar y resolver esas causas".
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Jorge Chavarría está suspendido del cargo por un período de tres meses mientras se aclara por qué el Ministerio Público no incluyó un informe clave del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la petición que hizo a la Sala III para que desestimara una causa por presunto tráfico de influencias contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara.
Esa medida las adoptaron los magistrados el 13 de octubre, dos días después de que la misma Corte Plena lo había separado de que conociera todos los asuntos relacionados a la investigación de la importación de cemento chino.
Sin embargo, la situación de Jorge Chavarría venía siendo cuestionada desde el 18 de setiembre anterior cuando el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla solicitó a la Inspección Judicial revisara las actuaciones del fiscal general, pues se recibieron varias quejas en las que se acusa a Chavarría de no haber cumplido con su trabajo.
La Nación intentó hablar con Chavarría pero no contestó el celular. Tampoco respondió un mensaje que se le envió por WhatsApp
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Desobediencia a Sala IV
Respecto a los casos que fueron desestimados en el que se tramita bajo el expediente 14-000063-033-PE, a Celso Gamboa se le atribuye el delito de desobediencia porque supuestamente no acató una orden de la Sala Constitucional en su cargo de ministro de Seguridad.
El asunto tiene su origen en un recurso de amparo presentado en enero de 2014 contra el Ministerio de Seguridad Pública, por el tuitero Marvin Alexis Schult Ortega, cuyas comunicaciones fueron bloqueadas por Casa Presidencial en el 2012.
Schult, luego de ingresar a la página web del Ministerio, solicitó que se le informara sobre si tenía expediente en esa entidad que incluyera detenciones, sus huellas digitales y otros posibles antecedentes. Sin embargo, luego de seis meses de planteada la solicitud, no le respondieron, razón por la cual acudió a la Sala IV.
Los magistrados acogieron su petición y ordenaron a la persona en el cargo de ministro que brindara la información. Esta orden recayó primero sobre Mario Zamora (ministro en la Administración Chinchilla Miranda) y luego en su sucesor, Celso Gamboa.
Sin embargo, ninguno de los dos funcionarios acató la resolución de los magistrados, por lo cual, la Sala IV ordenó un testimonio de piezas contra Gamboa y pidió que se le abriera un proceso por desobediencia.
El 17 de octubre del 2014, el fiscal Jorge Chavarría pidió a la Sala Tercera (de casación penal) desestimar la causa por considerar que la orden de la Sala Constitucional no fue notificada personalmente a Gamboa Sánchez, sino que se dirigió al despacho del ministro.
La desestimación fue acogida por la Sala Tercera mediante el voto 2014-01647 de manera unánime. Así lo determinaron los miembros de esa instancia judicial en aquel momento: Carlos Chinchilla, Jesús Ramírez, José Manuel Arroyo, Magda Pereira y Doris Arias.
Desalojo policial
En la otra investigación penal contra Gamboa, se le atribuyen los delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El asunto lo presentó el abogado Benjamín Franklin González Alfaro en su condición de apoderado judicial de inmobiliaria Duque de Pascua Internacional S. A., por hechos que se dieron entre el 2009 y el 2014.
Los hechos están relacionados con el desalojo policial de una finca que se ejecutó pese a la existencia de un proceso penal en el que se disputada la propiedad.
También en ese caso, Chavarría solicitó la desestimación al concluir que no existió dolo alguno por Gamboa. La Sala III, integrada por los mismos miembros que emitieron el primer fallo favorable, avaló la petición mediante sentencia 2014-01354, del 8 de agosto del 2014.
"La acción desplegada por el ministro Gamboa Sánchez resulta atípica, por ausencia de los elementos subjetivo y objetivo, dado que efectivamente en los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, indefectiblemente la conducta debe ser dolosa, intencionalidad que no ha demostrado el querellante, sin que tampoco se cuente con indicios de ilegalidad de la resolución, falsedad de los hechos en que se sustenta, ni actuación ilegal, arbitraria o abusiva por parte del querellado", dijeron los magistrados, en la sentencia.