El exalcalde de Puntarenas, Randall Chavarría Matarrita, afrontará un juicio por diversas irregularidades en la administración del balneario de la ciudad.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en esa provincia, solicitó al Juzgado Penal de Hacienda la apertura a juicio contra el exjerarca municipal, a quien señala como sospechoso de seis presuntos delitos de incumplimiento de deberes y dos de malversación.
El planteamiento fiscal fue acogido y, ante eso, se ordenó la apertura a juicio del caso. Esa decisión fue notificada la semana pasada al Ministerio Público, que este jueves dio a conocer la resolución.
Los hechos por los que se investiga a Chavarría ocurrieron desde el 2015 y hasta el 3 de diciembre del 2018.
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Al parecer, en ese periodo el funcionario retardó la revocatoria de la concesión de administración del balneario San Lucas Beach Club de Puntarenas, pese a que varias instancias estatales señalaron que la empresa contratada no cumplía con los requisitos necesarios.
“La empresa responsable mantenía deudas por el no pago de los cánones respectivos”, precisó en un comunicado la Fiscalía.
Al exalcalde también se le señala como el presunto responsable de girar fondos para pagar los recibos de agua y la luz del inmueble en febrero del 2018, aunque en ese momento había una concesionaria encargada de la administración.
La investigación contra Chavarría se agrupa dentro del expediente 18–000909–0431–PE.
El exalcalde manifestó a La Nación que esperará el juicio, donde será analizada toda la prueba.
“Esperamos el juicio donde toda la prueba será analizada y la duda razonable que habla el juez será aclarada”, manifestó Chavarría.
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Pago de ¢22 millones sin realización de trabajos
Por otra parte, la Fiscalía confirmó que un hombre de apellidos Gutiérrez Villafuerte, quien labora como Director de Desarrollo y Control Urbano en la Municipalidad de Puntarenas, también afrontará un juicio por dos supuestos delitos de pago irregular de contratos administrativos.
El Ministerio Público, que lleva la causa contra el funcionario dentro del expediente 18–001251–0061–PE, afirmó que, al parecer, él ordenó el giro de ¢22 millones a un topógrafo que no habría realizado los trabajos para los que se le contrató.
“Supuestamente, ordenó la cancelación en favor de un topógrafo al que se le adjudicó una licitación abreviada, a pesar de que, según se sospecha, este no había realizado los trabajos para los que fue contratado”, precisó el ente acusador del Estado.
De momento no hay fecha para los debates orales y públicos, ya que es el Tribunal Penal de Hacienda el que se encarga de agendarlos.
