Marco Antonio Zamora Solórzano, alias el Indio, y quien descuenta una condena de 70 años de cárcel por liderar una banda dedicada al tráfico de drogas y homicidios, está preso desde marzo del 2012 en una celda individual de la cárcel de Máxima Seguridad, ahora llamada Centro Nacional de Atención Específica.

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Ese encierro de nueve años ha sido, para él, una “tortura psicológica”, ya que esa prisión “no cuenta con facilidades para esparcir ni la vista ni la mente; por ejemplo, sus ventanas, todas, están cerradas con láminas, lo que es un acto represivo”.

Lo anterior se lee en el último recurso de amparo interpuesto por Zamora la tarde del 30 de noviembre pasado, pero que fue puesto en conocimiento de La Nación recientemente.

Allí, él clamó para que lo saquen de esa celda, cuyas condiciones de permanencia, aseguró, le “alteran la psiquis y el estado emocional, provocando severas depresiones”.

Además, el recurrente consideró que “no hay nada” que justifique su permanencia en esta prisión porque hasta tiene “dos años sin cometer ningún tipo de falta institucional”, con lo cual quiso decir que ha tenido buen comportamiento.

El 1.° de diciembre del 2020 la Sala Constitucional le dio curso a la queja; pero el 29 de ese mismo mes la declaró sin lugar, ya que insistió en que la ubicación de los privados de libertad dentro del sistema penitenciario es competencia única y exclusivamente del Ministerio de Justicia.

“Esta Sala no podría sustituir a la administración penitenciaria en sus funciones y determinar –sin mayores elementos de juicio– la correcta o más conveniente ubicación del amparado”, recalcaron los altos jueces.

Los magistrados le recordaron que, en caso de estar disconforme con su ubicación, puede plantear un incidente ante el Instituto Nacional de Criminología (INC), de Justicia, para que ahí analicen un posible traslado tomando en consideración su comportamiento y situación actual.

En caso de no estar conforme con la decisión de ese ente técnico-administrativo, también puede acudir al Juzgado de Ejecución de la Pena correspondiente, para que allí se valore de nuevo su petitoria.

El INC indicó, por medio de la oficina de prensa, que no han recibido ninguna solicitud por parte del centro penal para valorar un posible traslado de Zamora dentro del sistema penitenciario.

Mientras que el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela solo mencionó, mediante prensa del Poder Judicial, que el reo sí presentó hace pocos meses un incidente, sin entrar en detalles.

Seis días en huelga de hambre

Además de solicitar su reubicación, El Indio aseguró que no recibe atención médica porque la dinámica para trasladar a reos enfermos de Máxima Seguridad hacia la Clínica de La Reforma, ubicada en ese mismo complejo penitenciario, es complicada.

En un breve recuento que hizo de sus supuestas enfermedades, él mencionó padecer hipertensión arterial, dermatitis nerviosa, entre otras afectaciones, las cuales, insistió, “no pueden ser atendidas de forma oportuna debido al protocolo de seguridad en el centro penal”.

Entonces, por esa “inoperancia administrativa”, el reo hizo huelga de hambre entre el 28 de noviembre del 2020 y hasta el 3 de diciembre de ese mismo año; es decir, estuvo seis días sin comer.

Sobre esto, la Sala no halló las inconsistencias mencionadas y, por el contrario, señaló que, según los informes de Justicia, en marzo y julio del 2020 recibió atención médica, así como en los tiempos en los cuales realizó la huelga de hambre.

Los altos jueces agregaron que el personal del ministerio también fue enfático al asegurar que el Indio recibe medicamentos por todos los padecimientos descritos.

Por lo anterior, también declararon sin lugar ese extremo del recurso.

¿Quién es el Indio?

Marzo Antonio Zamora es un nombre conocido para las autoridades desde hace ya muchos años, por estar involucrado en temas de narcotráfico en el sur de la capital.

No obstante, no fue hasta marzo del 2012 que lograron detenerlo. Desde ese momento está preso en Máxima Seguridad, en San Rafael de Alajuela, por su alto nivel de peligrosidad, aseguran las autoridades penitenciarias.

Tres años después, en febrero del 2015, el Indio afrontó el proceso penal en su contra, en donde el Tribunal Penal de Pavas lo condenó a 70 años de cárcel por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y dos homicidios.

Pese a esa sentencia, el sujeto solo descontará 50 años de prisión, que ese es el máximo permitido por la legislación costarricense.

En la sentencia, que fue dictada por razones de seguridad en los Tribunales de San José, también se condenó a otros ocho miembros de la organización: José Francisco Zamora Solórzano (hermano del Indio) a 42 años, Moisés Medina Brenes (44), Jair Arnulfo Mondragón Riascos (35), Erick Villalobos Sandoval (32), Jorge Esteban Mena Quesada (32), Jason Esteban Jiménez Fernández (8) José Luis Alvarado Novo (3) y a Silvia Martínez Jiménez (8).

En tanto, fueron absueltos Pamela Crespi Guzmán, Jorge Eduardo Lizano Gómez y Steven Hall Ramos.

En aquel momento, el Tribunal justificó el fallo al indicar que la investigación policial, realizada entre el 1.° de octubre del 2010 al 20 de marzo del 2012, permitió comprobar que, en sus inicios, la organización vendió drogas a nivel local.

Conforme pasó el tiempo, el negocio se extendió al punto de realizar envíos a otros países centroamericanos, según la pesquisa. Incluso, en el debate se tuvo por cierto que Marco Zamora viajó a México y Colombia, donde, según las intervenciones telefónicas, se infiere que hizo contactos con importantes líderes.

Sobre los asesinatos, apuntó el Tribunal, se comprobó que Zamora ordenó matar a Guillermo Andrés Soto Paniagua, el 20 de junio de 2011 en Pavas, y a Luis Amarildo Barboza Lamos, el 22 de octubre de 2011, en San José.