La serie de denuncias por acoso sexual entre funcionarios del Poder Judicial, levantaron la alerta de las autoridades de la entidad.
Esas quejas, que llegan a la Inspección Judicial y luego al Consejo Superior, están relacionadas con frases y actitudes obscenas, mensajes de texto con contenido sexual y contacto físico indebido.
El año pasado, cuatro funcionarios fueron despedidos por este tipo de faltas, de acuerdo con el informe de la oficina de prensa de la institución y con los registros en las actas públicas del Consejo.
La magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Doris Arias, en representación de la Secretaría Técnica de Género, informó de que en ese periodo se presentaron en total siete denuncias. En el 2012 fueron 27 procedimientos relacionados con hostigamiento sexual y, en el 2011, se abrieron 12 expedientes.
La jueza reconoció que esos datos tienen a la entidad en alerta. Resaltó que se han hecho campañas de divulgación de derechos, así como una reforma, el año pasado, al reglamento sobre hostigamiento para aligerar los procesos.
Uno de los casos más recientes fue el del juez penal de Goicoechea, con 23 años de carrera, Álvaro Oconitrillo Rivera. Él fue despedido en noviembre del 2013 porque, según determinó la investigación, acosó sexualmente a dos técnicas con frases verbales y mensajes de texto.
Pese a que el Consejo lo despidió, él ya había renunciado. En diciembre, el juez alegó que fue un montaje en su contra.
Alarma. La preocupación de las jefaturas del Poder Judicial se hizo evidente en la sesión del 12 de diciembre del Consejo Superior.
Ese día, ese órgano conoció dos causas por hostigamiento. Una fue contra un asistente administrativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellido Morales.
Según la Inspección, este empleado acosó a compañeras diciéndoles que las quería llevar a un motel y que les podía dar dinero.
La Inspección lo suspendió un mes sin goce de salario, pero el Consejo ordenó un reenvío para que se analice nuevamente el tipo de sanción que debe imponerse.
El otro asunto fue la suspensión por un mes del fiscal Alberto Jaén Cambronero, coordinador de la Fiscalía de Siquirres, por hostigar sexualmente a una subalterna.
El Consejo acogió el mes de suspensión sin goce de salario.
Tras ver esos expedientes, los miembros del Consejo señalaron su preocupación por las faltas y destacaron que muchas ocurrían en el Ministerio Público.
Ante eso, acordaron pedirle al fiscal general que, junto con la Secretaría de Género, elabore un plan de sensibilización para empleados.
Sobre esto, el fiscal general, Jorge Chavarría, indicó a La Nación que las quejas han aumentado porque la institución ha facilitado los canales para denunciar.
Agregó que la Fiscalía ha apoyado las medidas cautelares que impone la Inspección Judicial.
Además, dijo que “desde hace tres años se creó la Comisión para el Mejoramiento del Ambiente Laboral, que ha venido abordando estos temas de manera preventiva”.
Chavarría anunció que ya se iniciaron las coordinaciones con la Secretaría de Género para elaborar el protocolo de sensibilización.