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Este martes comenzó en los Tribunales de San José el juicio contra un sacerdote de la Diócesis de Tilarán Liberia, de apellidos Brenes Villalobos, detenido en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, el 6 de noviembre del 2019 como sospechoso de abandonar a su sobrino, de 6 años, en el desierto de Arizona, Estados Unidos, en junio del 2018.
El abogado defensor del sacerdote, Sebastián Mesén, dijo que no va a adelantar criterio antes de que declaren sus testigos y el acusado, pero afirma que en el país existe un problema que se genera por la separación de los migrantes y sus familiares, concretamente de los padres y los niños. Agregó que en nuestro país no existe ninguna sanción para lo que realmente ocurrió.
Luego de que se leyó la acusación por parte de la Fiscalía, declararon los dos primeros testigos de esa entidad, un oficial de Migración que tuvo a cargo el caso y un policía de Fronteras de Estados Unidos que declaró por videoconferencia en horas de la tarde.
Otros dos testigos que estaban citados para este miércoles no fueron localizados a tiempo y van a declarar el 25 de abril en la tarde, cuando se espera reanudar el debate.
El representante legal del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), también actúa como querellante en este caso por los supuestos delitos de tráfico ilícito de personas en modalidad agravada y abandono de persona incapaz. El primero de esos delitos se castiga con penas entre seis y 10 años de prisión y el segundo con penas de seis meses a tres años.
De acuerdo con el abogado Mesén, en la acusación y la versión de los primeros dos testigos solo se ha reforzado la tesis que hasta el momento se conoce, pero van a demostrar que la investigación fue deficiente y que no se buscaron datos precisos ni fuentes que corroboraran los hechos.
En el transcurso del juicio el cura, de 51 años, hará una declaración donde dejará ver las razones de lo actuado, con la que espera demostrar al Tribunal el trasfondo de las políticas migratorias y que no cometió delito alguno.
Mesén admitió que no hay discusión de que el prelado acompañó a su sobrino hasta la frontera de México con Estados Unidos, pero sostiene que no incurrió en faltas. Afirma que la acusación tiene “mentiras groseras”.
El debate se realiza en San José porque la ley establece que cuando el delito se comete en el extranjero le corresponde el proceso a los tribunales de la capital.
Las juezas a cargo son Krycia Zamora Pérez, Bianka Wiciak Chavarría y Marina Ramón Fernández.
