Un acuerdo tomado por la Corte Plena revivió las candidaturas de nueve personas que ya habían sido descartadas para encabezar la Fiscalía General de la República. Con esta decisión, aumentó a 20 el número de aspirantes al cargo.
El pasado 8 de agosto, los magistrados dispusieron que para elegir al nuevo jerarca del Ministerio Público se tomará en cuenta a todos los candidatos que cumplan con los requisitos, con lo cual echó atrás el proceso previo de selección que eliminó varios nombres.
“A partir de este momento la nota de preselección (80%) se elimina y las personas que quedaron fuera, siguen en el concurso”, reza el acuerdo tomado por la Corte Plena.
De hecho, este martes, a las 3 p. m., se efectuó la última entrevista pendiente del proceso de elección. Le correspondió el turno a Carlos Alberto Montero Loaiza, jubilado judicial, oriundo de San José, de 61 años, quien no fue entrevistado en su oportunidad, pues había presentado un recurso contra la entrevista.
Montero dijo que entró al Poder Judicial en 1982 y que desde entonces fungió en diversos cargos como fiscal y juez en Goicoecha, Limón, Puntarenas, Guanacaste y otros. Se jubiló en Golfito en 1993.
Los magistrados le preguntaron sobre temas como el funcionamiento de la Unidad de Atención y Protección a la Víctima, la Unidad de Trata de Personas y si le habían realizado algún proceso disciplinario. Sobre esto último dijo que solo una vez la Inspección Judicial le llamó la atención por alzar la voz contra una subalterna.
También se le pidió opinión sobre la política de persecución penal en el país y el tipo de información que debe brindar a la prensa el jefe del Ministerio Público, en ese sentido considera que se debe guardar el secreto del proceso a sabiendas de que se trabaja con presunciones de delito y solamente en el juicio se sabe si hay certeza o no.
Lento proceso
El 23 de agosto del 2021, comenzó el proceso para elegir a quien ocupará la plaza dejada por la anterior fiscala general, Emilia Navas Aparicio, quien en julio de ese año se acogió a su pensión. Inicialmente, hubo 22 aspirantes que presentaron sus atestados, luego las únicas dos mujeres se retiraron.
Entre los requisitos para ocupar el cargo figuran ser costarricense por nacimiento o naturalización con domicilio en el país no menor de 10 años, ser licenciado en Derecho e incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Asimismo, se exige un mínimo de tres años de experiencia en la supervisión de personal y no tener parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive, con un miembro de la Corte Suprema de Justicia.
La persona electa ejercerá por cuatro años con posibilidad de optar por la reelección.
Cuestionan selección
El pasado 22 de junio, un panel de expertos impulsado por el Foro de Justicia de Costa Rica señaló debilidades en el proceso de selección del fiscal general, pues sostuvo que no estaba conforme a los principios y estándares internacionales y que no respondía a las necesidades actuales del Estado de Derecho y del régimen democrático en Costa Rica.
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La decisión adoptada por los magistrados de tomar en cuenta a todos los candidatos trascendió este martes. La Corte no detalló las razones para cambiar las reglas. Por tanto, se desconoce si la medida fue implementada a la luz de los señalamientos del citado Foro. La Nación solicitó el acuerdo que cambió el número de aspirantes, pero la Secretaría General de la Corte dijo que “no está disponible”.
También fueron cuestionadas las entrevistas por el panel de analistas, integrado por la Asociación Costarricense de la Judicatura, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa Estado de la Nación, entre otros.
Esa vez, objetaron la carencia de un instrumento público que especificara los criterios y la metodología usados para asignar el puntaje. “No existen parámetros que le aclaren a la ciudadanía y a los demás candidatos y candidatas en concurso, por qué una persona recibe un determinado puntaje en la entrevista”, dijeron.
Para ellos, había falta de uniformidad en las preguntas que hace la Comisión de Nombramientos de la Corte, pues consideran que van enfiladas en distintas direcciones, sin un eje central, y en ocasiones, incomprensibles para la audiencia.
En ese sentido el aspirante Francis Porras León, exjuez notarial, cuestionó la nota obtenida, mientras que Juan Gabriel Hidalgo Hernández, también se quejó por la nota que obtuvo. Él consiguió un 55,83, cuando la nota mínima era de 70.
A la persona que asuma la Fiscalía General le esperan casos complejos como el de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), referido a presunta violación de datos personales. Debido a ese asunto, por primera vez la Fiscalía allanó la Casa Presidencial en el 2020; el Caso Cochinilla sobre presunta corrupción en contratos de obras públicas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el denominado caso Diamante, por el que se investiga a seis alcaldes, detenidos el 15 de noviembre del 2021 y luego liberados con medidas cautelares, por presunta corrupción en obras públicas.
