La Corte Plena decidió solicitar a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad al magistrado Óscar González, quien figura como acusado de violar a una jueza.
Ese órgano, conformado para esta votación por 19 suplentes y tres propietarios, tomó el acuerdo por unanimidad el viernes pasado, tras conocer un informe de la Sala Tercera, confirmó Sandra Castro, vocera del Poder Judicial.
Los únicos propietarios que participaron en la sesión fueron Luis Guillermo Rivas y Rocío Rojas (ambos de la Sala I), y Luis Fernando Salazar, de la Sala IV. Ninguno de ellos conoció un expediente disciplinario iniciado por Quirós en el 2012, en el que señalaba a González por acoso sexual y laboral.
En setiembre del año pasado, la Fiscalía acusó a González de seis delitos de violación y uno de tentativa de violación contra la juzgadora de la materia contenciosa-administrativa, Priscila Quirós, quien era su subalterna y con quien, al parecer, tuvo una relación amorosa tiempo atrás.
Para poder llevar el caso a juicio, el Código Procesal Penal establece que la Asamblea Legislativa debe quitar el fuero de inmunidad que protege a los miembros de los supremos poderes.
Se intentó conversar con el magistrado González, pero en su oficina indicaron que no se encontraba y que regresaría hasta hoy.
El año pasado, en conferencia de prensa, él aseguró que la situación era un “chantaje” en su contra.
Denuncia. El proceso contra González tuvo un antecedente en setiembre del 2012, cuando la jueza Quirós se quejó en la vía administrativa por acoso sexual y laboral.
Tras una investigación llevada a cabo por una comisión, la Corte Plena determinó, en mayo del 2013, que el juez era responsable de una falta gravísima y le solicitó al Congreso su remoción.
González presentó acciones de inconstitucionalidad, que fueron declaradas sin lugar, pero nada sucedió pues los diputados del periodo anterior nunca abrieron el debate sobre este expediente.
El sábado se le consultó al nuevo presidente legislativo Henry Mora si recientemente se había realizado alguna gestión sobre este asunto y respondió que no.
Sobre el proceso penal, Mora indicó ayer que, una vez que el Congreso sea notificado formalmente, se creará una comisión.
“El plenario tendría que conformar una comisión de tres diputados que, entre otras cosas, tienen que hacerse cargo del informe, escuchar a la parte involucrada... Lo que está claro es que el eventual levantamiento de inmunidad requeriría de (votos de) dos tercios de los diputados”, manifestó.
“De mi parte, no intentaré dilatarlo (el proceso) o agilizarlo intencionalmente”, agregó Mora.
En marzo, la Sala IV resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Periodistas y resolvió que las sesiones legislativas dedicadas a conocer levantamientos de inmunidad deben ser públicas.
Petición. Luego de conocer la decisión de la Corte Plena, la jueza Quirós señaló que espera que el Congreso pueda resolver ahora, tanto el proceso disciplinario, como el trámite penal.
“Esta Asamblea tiene una herencia con el proceso administrativo. Ahora tiene en sus manos una situación singular y es que por primera vez la audiencia será pública. Es importante, desde el punto de vista de justicia pronta y cumplida, que se le dé la persecución correspondiente”, dijo.
La denunciante agregó que, aunque el proceso ha sido “doloroso”, también es “necesario” para que no haya impunidad. Colaboró el periodista Aarón Sequeira.