No obstante, el proceso no comenzó porque los defensores de Smith, Federico Campos Calderón y Francisco Dall’Anese Ruiz, pidieron que se tomara en cuenta una “incapacidad psiquiátrica” de su clienta.

Se solicitó a un forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que valorara el dictamen médico aportado por los abogados, para determinar si, efectivamente, existía un impedimento para comenzar el juicio.

Luego de recibir el informe del perito y de ponerlo en conocimiento de las partes para que expusieran su posición en privado, los jueces Mercedes Muñoz Campos, Yanan Chacón Mena (quien preside) e Ivannia Delgado Calderón determinaron que no podía iniciar el debate.

"El dictamen pericial detalla que la situación propia que presenta (Smith) en este momento no le permite enfrentar el debate oral y público, pero precisa que se trata de una condición temporal.

“En las recomendaciones se concluye que en un tiempo aproximado de un mes podría superar esa condición y enfrentar de manera satisfactoria el juicio, por lo que el Tribunal considera que esto podría ser superado y cumplir los intereses de las partes de la realización del debate con todas las partes”, explicó Chacón.

El juez agregó que la nueva fecha para el inicio del debate se ajustará a la agenda del Tribunal.

Campos, por su parte, manifestó que semanas atrás la defensa técnica había presentado la documentación médica, pero que esta fue analizada hasta este miércoles.

"Ella se encuentra en una incapacidad psiquiátrica y en una condición que no le permite ni a ella ni a ningún ciudadano bajo esas circunstancias afrontar un juicio oral y público. Es absolutamente necesario que una persona esté en condiciones óptimas de salud y si hay algún quebranto de salud no podría presentarse a un juicio ni afrontarlo adecuadamente.

“Las personas no solo se defienden por sus abogados, sino que también se defienden personalmente, que es lo que se denomina la defensa material”, aseguró Campos.

Ante la decisión del aplazamiento, los representantes del Ministerio Público, José Pablo Miranda y Laura Cordero, pidieron al Tribunal que dos o tres días antes de la fecha en la que se agende nuevamente este debate, se haga una revaloración de Smith para determinar si para ese momento ya va a estar en condiciones de afrontar los hechos.

Respeta decisión

Luego de que se decidiera posponer el arranque del proceso, el exmagistrado Celso Gamboa manifestó que respetaba esa decisión aunque no la compartía.

“Es una decisión del Tribunal que yo respeto y no la voy a discutir (...). Es algo muy normal y que pasa todos los días en el Poder Judicial”, mencionó Gamboa, quien añadió que espera demostrar en su momento que es “totalmente inocente”.

Natalia Gamboa, hermana y defensora del exmagistrado, dijo que ellos mantendrán la misma línea de defensa presentada desde la comparecencia en la Asamblea Legislativa.

A Gamboa, Araya y Smith se les relaciona con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según la Fiscalía, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge –en ese momento candidato a alcalde de San José– figuraba como persona imputada en una causa penal".

El político aparecía, junto con otras tres personas, en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, del cual, al final, fue desestimado en marzo del 2016.

Por estos hechos, se abrieron dos expedientes penales, uno contra Gamboa y otro contra Smith y Araya.

No obstante, como en abril del 2018 pasado 39 diputados votaron a favor de destituir a Celso Gamboa como magistrado penal por interesarse “indebidamente” en asuntos judiciales del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, la acusación se agrupa ahora en un mismo expediente para los tres.

Los hechos que originaron el primer expediente se remontan a diciembre del 2015, cuando este medio pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.

La presunta anomalía en el expediente en que figuraba Araya consta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas.

De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor del actual jerarca municipal habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.

Según el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias es castigado con pena de prisión de dos a cinco años.

Tribunal colegiado

Inicialmente, el Tribunal a cargo de este debate sería unipersonal; no obstante, los representantes fiscales plantearon una actividad procesal defectuosa, alegando que la pena por el delito que se investiga podría superar los cinco años.

La Procuraduría General de la República también apoyó la sugerencia hecha por el fiscal José Pablo Miranda, quien pidió la conformación de un tribunal con tres jueces.

En tanto, los defensores de Smith, y los representantes de Celso Gamboa y Johnny Araya, Natalia Gamboa Sánchez y Alfonso Ruiz Ugalde y Juan Marcos Rivero Sánchez, respectivamente, se opusieron a la petición de la Fiscalía.

Alegaron que, anteriormente, no hubo oposición a la conformación de un tribunal unipersonal y que desde octubre se conocía el hecho.

Después de un análisis, el juez Chacón determinó que llevaba razón el Ministerio Público, por lo que se integraron las cojuezas Mercedes Muñoz e Ivannia Delgado.

Nota del editor: Esta información actualizada a las 3:55 p. m. del 23 de enero del 2020.