La reforma a la ley de tránsito, aprobada en octubre del 2012 con el fin de endurecer castigos, no logró disminuir las muertes en accidentes viales.
Así se desprende de un informe sobre fallecimientos por percances viales 2013-2014, elaborado por el Poder Judicial. El análisis revela que la siniestralidad en las carreteras encabezó esa lista en el 2014 con 140 muertes.
Para el 2013, la investigación registró 124 muertes en vías.
Mientras, los datos de la Policía de Tránsito (que incluyen víctimas de atropellos, derrapes y vuelcos), indicaron que, entre enero y el 17 de diciembre del 2015, hubo 376 muertos.
En el 2012, los cambios en la legislación hicieron más severas las sanciones. Por ejemplo, en ese momento, se estableció una multa de ¢280.000 por conducir ebrio, hacer piques o un adelantamiento indebido. Algunas conductas, como un mayor grado de ebriedad, también pueden ser acusadas en la vía penal y ser castigadas con cárcel.
Los diputados procuraron que las sanciones fueran fuertes, pero no tanto como para que la Sala Constitucional las considerara desproporcionadas como ocurrió con multas anteriores.
No obstante, “la cultura continuó siendo la misma; la población se asustó solo unos cuantos meses”, según afirmó Jorge Ruiz Ramos, jefe de la Sección de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La principal causa de los percances son los adelantamientos indebidos. También, el exceso de velocidad y manejar bajo los efectos del alcohol o drogas.
En menor medida influyen las condiciones del clima, por ejemplo, la neblina.
En los primeros cuatro meses de este año, la Policía de Tránsito elaboró 440 infracciones a choferes que invadieron el carril, irrespetando la línea de barrera continua y 97 a personas que conducían bajo efectos de alcohol.
El informe del Poder Judicial también asegura que la revisión técnica vehicular, que empezó en el 2001, sí disminuyó los accidentes por fallas técnicas.
Debilidades. La Sección de Ingeniería Forense del OIJ realiza cada año cerca de 2.000 análisis sobre accidentes.
Con base en las evidencias de cada caso, los ingenieros efectúan animaciones en tres dimensiones, con la finalidad de analizar qué sucedió.
Esos estudios buscan determinar las responsabilidades de los involucrados y son utilizados por fiscales y jueces.
Para los especialistas, en los análisis de las situaciones se han detectado “prácticas extrañas” en el manejo.
“Hemos encontrado desconocimiento en aspectos técnicos de señalización y una educación vial muy básica”, dijo Ruiz, quien añadió que persiste la descoordinación entre instituciones públicas, lo cual impide tomar las decisiones idóneas en esta área.
El informe judicial apunta a que se requiere un cambio de cultura por medio de la educación.
Similar criterio expresó la subdirectora de la Policía de Tránsito, Sonia Monge, quien expresó que es urgente apelar a los valores y la conciencia.
No obstante, enfatizó que, paralelamente se necesita al menos duplicar el número actual de tráficos, que es de 763, para mejorar los controles.
La Policía de Tránsito ha señalado en reiteradas ocasiones que ese faltante de recurso les impide tener mayor eficiencia para castigar las imprudencias de los choferes en las vías.
Debido a ello, aunque existan penas más severas, los conductores sienten que no serán sancionados por la falta de efectivos policiales y eso también incide en que haya impunidad.
William Serrano, juez del Tribunal Penal de San José, coincidió en que se requiere mayor educación.
“Normalmente en carretera lo que se dan son homicidios culposos, o sea, ocurren los hechos por falta al deber de cuidado, por negligencia, por impericia”, agregó. Según dijo, los hombres de entre 18 y 25 años son quienes causan más percances mortales.
Añadió que las penas por causar muertes en accidentes de tránsito van desde los seis meses hasta los ocho años de prisión, pero que muchas se resuelven con conciliaciones por medio de un seguro y que pocas llegan a una sentencia condenatoria.
Por su parte, el exdiputado Jorge Méndez, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que analizó en el 2007 el proyecto de reforma legal, sostuvo que, cuando se impulsó, el abuso del alcohol era la principal causa de muerte en calles y que, si en la actualidad no lo es, quiere decir que sí funcionó.
“Me parece que la carnicería semanal originada por la ingesta de licor ya no se ve tanto como en aquellos años”, dijo.