El empresario Juan Carlos Bolaños, la expresidenta del Banco de Costa Rica, Paola Mora Tumminelli, y otros seis sospechosos de peculado, encubrimiento de bienes y otros delitos se presentaron este lunes al comienzo de la extensa audiencia en la que se definirá si el “caso del cemento chino” será elevado a juicio.
Originalmente, se tenía previsto que esta sesión iniciara el 1.° de julio y terminara el 29 de setiembre, debido a la gran cantidad de imputados, abogados y partes involucradas en el proceso. No obstante, la audiencia fue suspendida debido a problemas con la representación legal de dos de los encartados y se reprogramó el inicio para este 9 de setiembre.
Finalmente, a las 8:30 a. m. de este lunes comenzó la sesión, la cual se desarrolla en privado. Además de la lectura de la acusación por parte de la Fiscalía, la Procuraduría General de la República deberá presentar la acción civil resarcitoria, es decir, el cálculo del dinero que debería retribuirse al Estado por el daño causado.
Esta investigación se tramita en el expediente N.° 16-000013-0033-TP, bajo la jurisdicción del Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
En el 2022, al concluir la fase de investigación, la Fiscalía indicó que Juan Carlos Bolaños enfrenta una acusación por 11 presuntos delitos de peculado, ocho de receptación o encubrimiento de bienes, tres por uso de documento falso, tres por influencia sobre la Hacienda Pública y tres más por captación indebida de manifestaciones verbales en su modalidad agravada.
Los otros imputados en esta causa son dos empresarios de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga, además de dos exsubgerentes del BCR, identificados como Andrés Víquez Lizano y Marvin Corrales Barboza. La causa contra un tercer subgerente, Leonardo Acuña Alvarado, fue archivada tras su fallecimiento en un accidente de tránsito, en marzo de este año.
También están imputados Gilberth Barrantes Campos y Rodrigo Ramírez Rodríguez, quienes se desempeñaban como gerente de control interno y director de gestión de crédito del BCR, respectivamente.
La investigación contra estas personas surgió porque el Grupo JCB, propiedad de Bolaños, habría reportado las mismas importaciones de cemento tanto al Banco Popular como al BCR para justificar millonarios desembolsos provenientes de dos líneas de crédito.
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En total, esas entidades giraron $13,8 millones a compañías de Bolaños para la importación de cemento desde China, entre finales de 2015 y principios de 2016. El Banco Popular depositó $4,4 millones a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, mientras que el Banco de Costa Rica giró $9,4 millones a la empresa Sinocem Costa Rica.
Bolaños fue detenido en noviembre del 2017 , en el centro de Atenas, Alajuela. Descontó prisión preventiva un tiempo, y fue liberado con tobillera electrónica desde el 29 de abril del 2019. En forma posterior, se le dejó solamente con impedimento de salida del país y con la obligación de firmar una vez al mes en el Juzgado.
Lo anterior por cuanto el importador cumplió el plazo máximo de prisión preventiva (o en su defecto el uso de tobillera electrónica), que se establece en el Código Procesal Penal.