La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) demandó por ¢20 millones y de manera solidaria, al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada y al exministro de la Presidencia y actual diputado Víctor Morales Mora, por el daño social causado al país por la creación, en apariencia sin respaldo legal, de la Unidad de Análisis de Datos (UPAD), en la que supuestamente se manejarían datos restringidos y sensibles de los ciudadanos.
La acción civil la sustentan en que presuntamente los hechos generaron que el Ministerio Público los acusara como sospechosos de cometer el delito de prevaricato en concurso ideal con un delito de fraude de ley y otro más de abuso de autoridad. Para poder ejercer la demanda económica la PEP debió constituirse en querellante en este proceso judicial que se tramita en el expediente 20-005433-0042-PE.
De acuerdo con la Procuraduría, el siguiente paso en el proceso, consiste en realizar un peritaje sobre el daño social solicitado, el cual debe ser realizado por la Fiscalía General.
En este asunto los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara, defensores del mandatario, dijeron que el planteamiento de la PEP es absurdo y que se actuó con precipitación. Asimismo, hicieron ver que este proceso es “una pérdida de tiempo y de recursos” para el país, pues según ellos las investigaciones hasta ahora no tienen fundamento legal ni probatorio.
“Reiteramos que en el caso UPAD no se ha cometido delito alguno y así se demostrará en el momento oportuno. Tampoco existe ningún daño social que se haya causado y que justifique la querella y el absurdo monto de la acción civil resarcitoria planteada por la Procuraduría, que actuó con precipitación y sin ningún sustento probatorio.
“Recordemos que el Ministerio Público presentó una acusación precipitada, sin haber terminado la investigación ni revisado los celulares y computadoras que decomisó, en el caso UPAD. Ahora se une la PGR, presentando una acción civil resarcitoria, actuando sin independencia de criterio y siguiendo automáticamente al MP en su acción precipitada y falta de prueba”, dijeron los abogados.
Recuento del caso
La acusación contra el mandatario Carlos Alvarado y el diputado Víctor Morales la presentó el fiscal interino Warner Molina a la Corte Plena el pasado 2 de febrero. Asimismo, le comunicó sobre el hecho a la Procuraduría de la Ética Pública por si tenía interés en constituirse en querellante. Al día siguiente la Procuraduría de la Ética Pública anunció que demandará civilmente a ambos funcionarios por la afectación causada.
En este caso la acusación se presenta ante la Corte porque tanto el presidente como el diputado tienen un fuero especial que impide juzgarlos por asuntos penales en tribunales comunes. Por esa razón ahora la Corte debe nombrar a un magistrado que estudie el expediente y presente un análisis a sus compañeros. Con base en ese informe, los 22 magistrados decidirán si hay fundamento para remitir el expediente a la Asamblea Legislativa, para que ahí los diputados tomen la decisión de si proceden o no a quitar el fuero.
Empero, ese trámite en el Congreso es lento pues deben nombrar una comisión que igualmente estudie el expediente y emita una recomendación. Incluso, ante esa comisión, los acusados Carlos Alvarado y Víctor Morales pueden comparecer y presentar sus argumentos de defensa. Para levantar el fuero se requiere mayoría calificada, es decir el voto de 38 diputados.
Algunos abogados consultados consideraron que ese proceso no se podrá completar antes del 8 de mayo, fecha en la cual Carlos Alvarado perderá esa condición especial (Víctor Morales no la tendrá a partir del 1.° de mayo), por lo que el expediente, señalaron, pasará a los tribunales ordinarios.
