Un agente del OIJ de la delegación de San Carlos, Alajuela, fue despedido por pagarle ¢15.000 a un sujeto para “quebrar y dejar medio muertas” a dos mujeres.
La decisión de separarlo fue del Tribunal de la Inspección Judicial el 13 de marzo de este año y la confirmó el Consejo Superior del Poder Judicial el 8 de agosto, tras resolver una apelación del oficial.
El policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es de apellido Cerdas y 25 años de edad. A él se le halló responsable de hechos ocurridos entre octubre del 2011 y abril del 2012.
De acuerdo con la investigación de la Inspección Judicial, Cerdas había pagado a un hombre de apellido Rodríguez para que agrediera a las mujeres, una de ellas empleada de una agencia bancaria.
Al parecer, la molestia del agente surgió luego de que su novia terminara la relación con él pues el policía les echó la culpa a algunas personas, entre ellas la funcionaria del banco.
No obstante, el hombre contratado para realizar el ataque no lo hizo y, en cambio, informó al jefe de la delegación del OIJ lo sucedido.
El jefe policial inició una investigación en la que identificó los billetes que Cerdas había dado a Rodríguez y, posteriormente, este se los devolvió al oficial.
El 18 de abril, el jefe del OIJ de San Carlos decomisó los billetes que estaban en posesión nuevamente de Cerdas.
Con base en esos hechos, el Tribunal de la Inspección Judicial determinó que Cerdas cometió una “falta gravísima” y le impuso la revocatoria del nombramiento.
Ese castigo fue avalado por el Consejo.
“Actuaciones como las investigadas en este procedimiento adversan frontalmente los cánones éticos y morales que delinean el comportamiento pretendido de un servidor judicial, máxime de un investigador, de quien se espera en todo momento una conducta íntegra, que no permita cuestionamiento alguno y que, por el contrario, como autoridad refleje lealtad, seguridad, confianza, probidad, entereza, dignidad y compromiso con la ciudadanía”, señaló el Consejo Superior en su resolución.
Amenazas. En la investigación contra Cerdas también se determinó que él había hecho amenazas contra el esposo de una de las mujeres a través de la red social en Internet Facebook .
El Consejo Superior señaló que, pese a que en el Ministerio Público no se estableció que hubiese delito en todas las acciones realizadas por el agente, eso no era impedimento para que se realizara un proceso disciplinario.
Se intentó conocer la posición del Ministerio Público sobre este caso, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.