EscucharUn agente del Organismo de Investigación Judicial escondió en su casa el auto que una mujer reportó como robado, para que ella cobrara el seguro.
Por esta causa, el investigador de la Sección de Turno Extraordinario, Danilo Acuña Zúñiga, de 48 años, fue despedido el 9 de abril.
La decisión la tomó el Consejo Superior del Poder Judicial, al confirmar el fallo del Tribunal de la Inspección Judicial, el cual consideró que la falta era “gravísima”.
En la vía penal, Acuña afrontó una causa por estafa de seguro, pero llegó a una conciliación con el Instituto Nacional de Seguros (INS) y se libró.
El Consejo Superior resaltó que el arreglo en la sede penal no excluía que se siguiera el procedimiento disciplinario y se aplicara una sanción.
“(...) Con las acciones demostradas en el procedimiento, genera pérdida de confianza, siendo que no es posible admitir que un servidor judicial se vea involucrado en hechos ilícitos que terminen resolviéndose en vía penal”, dictó el Consejo.
Ayer se intentó conversar con el exagente; sin embargo, no fue posible localizarlo.
Póliza millonaria. De acuerdo con la indagación de la Policía Judicial y de la Inspección, una mujer de apellido Mattey, madre de un compañero de trabajo de Acuña, presentó una denuncia en Heredia, en el 2006, porque le robaron el carro mediante la modalidad del “bajonazo”; es decir, que la obligaron a entregarlo.
En marzo del 2007, el INS le pagó ¢9,9 millones a la dueña por la sustracción del auto.
Sin embargo, en agosto del 2009, el OIJ encontró el vehículo, de la marca Toyota Corolla, en la casa del investigador, ubicada en Higuito de Desamparados.
Las pesquisas revelaron que el agente judicial mantuvo el carro oculto desde antes de que se reportara el supuesto robo.
No se pudo probar que el otro agente, hijo de la dueña del vehículo, estuviese enterado.
En ese momento, la Fiscalía de Fraudes abrió una causa contra Acuña por el delito de estafa de seguro.
Según el Código Penal, esa falta la comete quien “con el propósito de lograr para sí mismo o para otro el cobro indebido de un seguro u otro provecho ilegal, destruyere, dañare o hiciere desaparecer una cosa asegurada”.
El castigo es de entre seis meses y tres años de prisión, además del pago de 100 días multa.
No obstante, Acuña se acogió a la conciliación y pagó ¢6 millones a favor del INS. La cancelación la realizó en dos partes.
En julio del 2013, el Juzgado Penal de Goicoechea dictó el sobreseimiento definitivo por haberse dado la conciliación.
En su análisis, el Consejo Superior determinó que, pese a esa resolución, las actuaciones del investigador fueron reprochables y afectaron la imagen del Poder Judicial.
