En cuestión de una semana, 20 funcionarios públicos, la mayoría del Poder Judicial, quedaron detenidos en diferentes casos de presunta corrupción investigados por el Ministerio Público.
Se trata de tres funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), 11 del Poder Judicial, cinco de la Policía de Tránsito y uno del Consejo de Transporte Público (CTP).
Los primeros en esta seguidilla de arrestos fueron los del 18 de junio por el caso Comején, en el que figuran como sospechosos tres funcionarios de la Setena: el jerarca de la institución, Ulises Álvarez Acosta, así como otros dos investigados de apellidos Quirós Brenes y Gutiérrez Durán. También fue arrestado un empresario de apellidos Murillo Martínez.
Al parecer, los funcionarios de Setena recibieron sobornos a cambio de otorgar permisos ambientales a empresas, por lo que se les investiga por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor.
Los empleados públicos quedaron libres, pero fueron suspendidos de su cargo hasta que los reubiquen en otro puesto, como medida cautelar mientras avanza la investigación. En el caso del empresario, no podrá realizar contratos o gestiones con Setena.
Otro arresto ocurrió el pasado jueves cuando un juez penal de 32 años, de apellidos Mora Ramírez, fue detenido en Limón por supuestamente almacenar droga en su casa y se indaga si difundió pornografía infantil.
Ese día, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó cuatro allanamientos en el Juzgado Penal de Limón y Bribri, así como en Limón, Guácimo y la comunidad de Siglo XXI, donde decomisó computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, marihuana, una pipa para consumir esa droga y papelería con el membrete del Poder Judicial.
Un día después, tres jueces y tres fiscales fueron detenidos por supuestamente dar privilegios al abogado y exjuez asesinado en febrero pasado, Luis Diego Ulloa Rodríguez, quien defendía a miembros de presuntas bandas criminales.
Entre los arrestados había dos jueces penales de La Unión, un fiscal de narcotráfico de San José, un fiscal de flagrancia de Goicoechea, una jueza de tránsito de Desamparados y una funcionaria judicial. El OIJ los identificó con los apellidos Sánchez, de 44 años; Padilla, de 43 años; Darcia, de 30; Kikut, de 31; Ulloa, de 32, y Cabezas, de 33.
El juez de apellido Sánchez deberá cumplir un mes de prisión preventiva, mientras que a los otros imputados, el Juzgado Penal les impuso la prohibición de acercarse a testigos de la causa y a los tribunales de La Unión; impedimento de salida del país, suspensión del cargo (a excepción de Padilla), una firma periódica una vez al mes ante la Fiscalía de Probidad y la obligación de mantener domicilio fijo.
Finamente, los diez restantes cayeron este martes, con la aprehensión de cinco policías de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) un juez de Desamparados, un técnico de archivo criminal, una técnica judicial del juzgado de La Unión y un técnico de la Defensa Pública, tras una compleja operación del Ministerio Público que consistió en 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas, dentro del denominado caso Madre Patria.
En total, 35 presuntos miembros de una organización criminal fueron detenidos, por presuntamente colaborar con los funcionarios públicos para cometer fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica.
Este grupo, liderado por dos españoles de apellidos Gómez y León, presuntamente se robaba propiedades en desuso por medio del fraude registral, para venderlas a otras personas.
Los oficiales de Tránsito detenidos fueron identificados con los apellidos Alvarado, Ramírez, Morera, Pérez y Campos, mientras que dos de los funcionarios judiciales son apellidados Venegas y Rubí (las identidades de otros dos no trascendieron). También fueron capturados dos exfuncionarios judiciales, de apellidos Corrales y Araya.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó este martes en conferencia de prensa que solo ciertos casos de corrupción en el sector público han trascendido a nivel mediático, pero más de 100 funcionarios son detenidos cada año.
“Para nosotros siempre preocupa la corrupción sea donde sea, pero con mucha más razón nos preocupa la del Poder Judicial. Realizamos un trabajo bastante fuerte, intachable, no vamos a tolerar la corrupción de ningún tipo, vamos a ser fuertes en la persecución de los delincuentes”, agregó, por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz.
“Vamos a seguir dando nuestro mejor esfuerzo, realizando las investigaciones de manera sólida para poder acabar por lo menos a nivel interno con este tipo de actos delictivos”, indicó Díaz.
Por su parte, el director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda, dijo que en ese cuerpo de vigilancia habrá cero tolerancia a la corrupción.