La exclusión económica de ciertos sectores sociales, la falta de inversión estatal en áreas prioritarias y la expansión de las actividades ilícitas propiciaron que surgiera en el país una tercera economía: la del crimen.
Según el más reciente análisis del Programa Estado de La Nación, divulgado este jueves, el crimen organizado en Costa Rica extendió sus tentáculos a distintos mercados ilegales, y se convirtió en la tercera fuerza detrás de los dos grandes motores: la producción local para el mercado interno y el de zonas francas y producción ligada a la exportación.
Según el informe, esta tercera economía funciona con sus propios mercados, flujos de dinero y demanda de trabajo. Entre sus actividades figuran, por ejemplo, la venta de drogas, el sicariato, el fraude electrónico, el comercio ilícito, los préstamos “gota a gota” y el lavado de dinero, entre otras modalidades.
El PEN señala que, aunque Costa Rica cuenta con indicadores sobre distintas manifestaciones delictivas, todavía existe poca información sistemática sobre cómo funciona la economía del crimen. Sin embargo, el tercer capítulo del informe reúne evidencia de que las actividades criminales se han extendido a más territorios, especialmente a las zonas de menor desarrollo relativo, e incorporaron nuevas modalidades delictivas y mecanismos para legitimar capitales.
El Informe Estado de la Nación 2026 reconoce que se trata de hallazgos exploratorios, pero los investigadores consideran que aportan elementos para comprender, más allá del incremento en los homicidios, cómo estaría funcionando esta economía criminal y de qué manera se relacionan con las actividades económicas legales.

Crimen se extiende y diversifica
La situación de la criminalidad en Costa Rica, según el informe, ha cambiado al punto de que el más reciente reporte de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime reconoció al país como un centro de tránsito para el tráfico de cocaína, de cannabis y armas ilícitas. Además, ese mismo informe reconoció mayor presencia de crímenes ambientales, como la extracción ilegal de madera y la minería ilegal de oro en Crucitas.
El PEN también señala una expansión territorial de las organizaciones criminales. Según el informe, el número de grupos desarticulados pasó de 20, con presencia en 17 cantones en el 2020, a 48, distribuidos en 37 cantones en el 2025.
En el 2020, estos grupos se afincaron sobre todo en el Valle Central, San Carlos y la costa del Caribe, pero para el 2025 se extendieron al occidente del país y la costa del Pacífico.
En el más reciente informe, el PEN señala la venta de drogas como uno de los principales negocios del crimen organizado en el país y destaca que las denuncias por este delito pasaron de 1.211 en el 2024 a 1.427 en el 2025 (18% más). Las cifras aumentaron en cinco de las siete provincias y el mayor crecimiento se registró en las tres provincias costeras. Esto, señala el PEN, es consistente con la condición de Costa Rica como corredor de tránsito de droga.
Crimen se sofistica
Sobre la sofisticación del crimen, el informe detalla que los grupos criminales incorporan nuevas actividades ilícitas para aumentar su capital. Parte de este fenómeno se refleja en el crecimiento de las denuncias por delitos informáticos, las cuales se multiplicaron por seis entre el 2019 y el 2025, sobre todo por el incremento en las estafas informáticas.
“El delito se traslada al mundo digital, como una línea de negocio de menor riesgo y alto rendimiento, en gran medida, por la complejidad que implica la persecución”, dice el informe.

El análisis evidencia que la expansión del crimen organizado también está vinculada con el crecimiento y la penetración de mercados ilícitos. Estas actividades tienen un peso económico importante en Costa Rica y uno de los ejemplos que señala el PEN es el mercado de los cigarrillos, en el que se estima que cerca del 50% de la oferta nacional proviene del comercio ilegal.
Aunado a ello, el informe advierte que los hurtos a unidades de transporte de carga aumentaron un 29% entre el 2016 y el 2025.
Legitimación
En el informe del 2026, se expone que el crimen organizado produce y moviliza grandes volúmenes de capital que busca incorporar a la economía formal sin dejar rastro de su origen.
Las ganancias del narcotráfico, se lee en el informe, constituyen la principal fuente de activos objeto de lavado y, en ese contexto, el PEN identifica al puerto de APM Terminals, en Moín, como un nodo crítico debido al aumento de los decomisos de drogas, especialmente de cocaína.
Desde el ámbito financiero, el Programa también identificó tres vulnerabilidades que pueden facilitar estas operaciones: los operadores informales de cambio de moneda, los movimientos injustificados de efectivo y las transacciones sin respaldo documental.
A estos riesgos se suma el atractivo del sector inmobiliario para la legitimación de capitales. El PEN alerta sobre factores como la alta liquidez de este mercado en zonas turísticas, el uso extendido de sociedades anónimas como propietarias de inmuebles y la falta de datos sistemáticos sobre los precios de transacción.