Un video que muestra a un oficial de la Policía Penitenciaria golpeando en el rostro a un privado de libertad, en la cárcel de Pococí, llevó al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público y a iniciar un procedimiento disciplinario interno contra el funcionario.
La agresión habría ocurrido el pasado 30 de mayo dentro de la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de diciembre, en el cantón de Pococí, Limón, según confirmó el Ministerio a La Nación.
La grabación fue suministrada a este medio por la organización Asociación Ayudando al Privado de Libertad y su Familia, que también identificó al oficial como de apellido Chávez, supervisor de una de las escuadras de ese centro penitenciario.
En las imágenes, se observa a un grupo de oficiales conversando con un privado de libertad en un pasillo. De forma inesperada, uno de los funcionarios, lanzó un golpe directo al rostro del privado de libertad, quien no muestra intención de confrontación ni responde al ataque.
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Tras el impacto, el privado puso sus manos atrás y los otros funcionarios continuaron hablando y ninguno intervino.
Denuncias previas
Según la ONG denunciante, esta no sería la primera vez que el oficial Chávez es señalado por presuntos abusos dentro del sistema penitenciario. La organización asegura que el mismo funcionario fue removido anteriormente de la cárcel Jorge Debravo, en Cartago, luego de ser vinculado con presuntas torturas y agresiones contra otros privados de libertad.
Además, indican que Chávez acumula tres denuncias en menos de dos meses. Una de ellas lo relaciona con una supuesta requisa anal no autorizada contra otro recluso, también en el centro penitenciario de Pococí.
Respuesta institucional
Consultado por este medio, Justicia y Paz reconoció estar al tanto de los señalamientos y aseguró que ya adoptó medidas tanto penales como administrativas para esclarecer los hechos y sancionar al responsable en caso de confirmarse su culpabilidad.
“La Dirección General de Adaptación Social tiene conocimiento de los señalamientos realizados. Ante la recepción de denuncias por presuntos hechos constitutivos de faltas administrativas y eventuales delitos, se han adoptado las acciones correspondientes dentro del ámbito de competencia institucional”, respondió la entidad.
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En específico, el Ministerio procedió con la interposición de una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Pococí, a efectos de que el Ministerio Público determine lo que en derecho corresponda, “de conformidad con los principios de legalidad y debido proceso”.
De forma paralela, la cartera activó un procedimiento administrativo disciplinario, el cual fue remitido al Consejo de Personal, órgano competente para este tipo de casos según lo establece la Ley General de Policía N.º 7410.
Posible sanción inmediata
Dicho marco legal contempla sanciones graves para los miembros de cuerpos policiales en caso de abusos, incluso cuando estos no constituyen delitos penales. El artículo 85 de esa ley considera como abuso de autoridad “cualquier maltrato de personas, aunque no constituya delito”.
Por su parte, el artículo 82 de la misma normativa señala que este tipo de faltas pueden acarrear el despido inmediato del funcionario infractor.
“Las faltas contra el régimen disciplinario podrán ser leves y graves. Las primeras se sancionarán con el apercibimiento oral o escrito y las segundas, con la suspensión, sin goce de salario, de uno a treinta días o el despido sin responsabilidad patronal”, explica el artículo.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el oficial permanece en funciones o si fue apartado temporalmente mientras se realiza la investigación.