Según precisó la Fiscalía, André sí rindió declaración durante la indagatoria y, además, alegó inmunidad en función de su cargo como embajador.
Detalles del caso
Según el Ministerio Público, la campaña de Rodrigo Chaves y PPSD se habría beneficiado de dos estructuras paralelas para la contienda de 2022. Una operó por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera y otra mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021. Ella es hija del exdiputado de PPSD Waldo Agüero, quien figura como imputado en esta causa.
“Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente N.° 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción”, detalló en junio de 2025 el órgano acusador en un comunicado de prensa.
En criterio del Ministerio Público, ambas vías de financiamiento “operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”.
El 23 de junio de 2025, la Fiscalía General acusó al entonces presidente Rodrigo Chaves, a la exdiputada Pilar Cisneros, al exvicepresidente Stephan Brunner, al excanciller Arnoldo André Tinoco y a tres exdiputados más por el presunto financiamiento ilegal en la campaña electoral del 2022.
Los otros excongresistas acusados fueron Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero y Paola Nájera, quienes llegaron al Congreso por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
