La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentó una acusación y solicitó la apertura de un juicio contra un exfuncionario del Banco Nacional, de apellido Olivas Valle, como el principal sospechoso de participar en un robo de ¢3.293 millones en la bóveda ubicada en la sede central de la entidad financiera, en San José.
Según dio a conocer este miércoles Noticias Columbia, la Fiscalía le atribuye un total de 33 delitos de peculado. Esta figura, tipificada en el artículo 361 del Código Penal, establece penas de tres a 12 años de prisión para el funcionario que sustraiga o desvíe fondos o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por su cargo.
La acusación fue presentada ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, detalló el medio. Olivas permanece en prisión preventiva y que se espera que este viernes 2 de mayo el Ministerio Público amplíe la información sobre el caso.
Robo millonario
Este asunto trascendió el 23 de octubre del 2024, cuando el banco reconoció que tenía un faltante de ¢3.293 millones en una de las bóvedas de la sede central, ubicada en San José centro.
Ese mismo día, tras enterarse por la prensa, tanto el Organismo de Investigación Judicial, como la Fiscalía, iniciaron una investigación de oficio, la cual denominaron “Gallo Tapado”. Fue hasta la tarde que las autoridades bancarias acudieron a presentar la denuncia, 20 días después de que tuvieran conocimiento del desfalco.
Tras 11 allanamientos, las autoridades judiciales detuvieron a ocho personas, entre ellos a Olivas Valle, quien trabajaba como tesorero y a quien se le señaló como el principal sospechoso de la sustracción del dinero.
Según grabaciones de cámaras de seguridad, el sujeto aprovechaba un punto ciego de los equipos de vigilancia electrónica para ingresar a la bóveda. Luego, sacaba dinero, lo empacaba en sobres de manila y salía del banco sin que fuese requisado por el resto del personal encargado de seguridad y control.
Según el OIJ, Olivas invertía entre ¢100.000 y ¢3 millones diarios en loterías para obtener ganancias, producto de los premios, y luego depositarlas en su cuenta bancaria. Esto, según dijo el fiscal general Carlo Díaz en ese momento, puede ser considerado como lavado de dinero.
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