Una familia de la zona sur que pierde un ser querido al que se le debe hacer autopsia, podría verse obligada a recorrer centenares de kilómetros antes de despedirse de él.
Cuando una persona fallece en circunstancias que requieren una autopsia médico-legal, el cadáver debe ser traslado hasta la Sección de Patología Forense del Poder Judicial, en San Joaquín de Flores, Heredia.
En el caso de la Región Brunca, la distancia con la Morgue Judicial oscila entre 153 kilómetros y 420 kilómetros, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Una vez hecha la autopsia, los familiares del fallecido deben viajar hasta el Valle Central para hacer trámites y retirar el cuerpo.
Esto busca cambiarlo la construcción de una morgue judicial en Buenos Aires de Puntarenas; se trata de un proyecto que daría servicios a habitantes de nueve cantones de la Región Brunca.
El área de influencia prevista comprende Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Puerto Jiménez, Golfito, Corredores, Quepos, Parrita y Pérez Zeledón.
La información fue suministrada por Michael Soto, director interino del OIJ, en respuesta a una consulta de la diputada Norgelens Lobo, del Partido Liberación Nacional (PLN), sobre los avances del proyecto y la demanda que tendría la futura sede.
Un servicio que hoy obliga a salir de la región
Entre el 2020 y el 2026, la Sección de Patología Forense recibió 2.125 casos provenientes de esos nueve cantones del sur del país.
Actualmente, cuando una muerte requiere una autopsia, un vehículo de transporte forense viaja hasta el lugar, recoge el cuerpo y lo lleva hasta Heredia.
El OIJ señala que ese procedimiento implica una inversión logística importante y puede ocasionar retrasos.
Con la sede de Buenos Aires, esos servicios podrían brindarse dentro de la Región Brunca, lo cual acortaría el tiempo y la distancia de los traslados y evitaría que los parientes del difunto deban viajar al centro del país.
También hay que viajar para una valoración médico-legal
El problema no se limita a las familias que enfrentan la muerte de un ser querido.
Personas de la zona sur que necesitan una valoración de la Clínica Médico Forense también deben salir de la región para recibir el servicio. Actualmente, dependiendo del caso, deben acudir a Quepos, Pérez Zeledón o Heredia.
Para estos usuarios, el desplazamiento significa asumir tiempo y costos de transporte. El OIJ reconoce que esa inversión puede estar fuera del alcance de algunas personas.
La futura sede permitiría que esas valoraciones se hagan en Buenos Aires, acercando el servicio a los habitantes de la región.
Buenos Aires como centro médico-legal de la Región Brunca
La nueva morgue fue concebida para atender una población mucho mayor que la del cantón donde será construida.
En Patología Forense, la cobertura contempla nueve cantones: Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Puerto Jiménez, Golfito, Corredores, Quepos, Parrita y Pérez Zeledón.
En Clínica Médico Forense, el área considerada comprende Buenos Aires, Coto Brus, Osa y Puerto Jiménez.
El OIJ sostiene que los datos de atención entre el 2020 y el 2026 muestran una demanda sostenida y creciente de servicios médico-legales en la región y respaldan la necesidad de contar con infraestructura especializada en la zona sur.
La nueva sede también podría brindar apoyo a otras unidades médico-legales regionales con altos volúmenes de casos. El OIJ estima que ese apoyo representaría unos 1.500 casos adicionales al año.
Una obra que sigue en veremos
El proyecto constructivo fue adjudicado en marzo del 2026 a la empresa Gonzalo Delgado por $20,88 millones, equivalentes a unos ¢9.996,9 millones al tipo de cambio utilizado para la adjudicación.
Sin embargo, su ejecución enfrenta una condición presupuestaria.
La norma 9, incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional del 2027, propone bloquear ¢29.843,8 millones del presupuesto del Poder Judicial, distribuidos en 313 subpartidas.
Entre los recursos afectados hay ¢4.347 millones correspondientes a la subpartida Edificios del OIJ, de la cual depende el financiamiento de la obra en Buenos Aires.
Detener una obra en esas condiciones tendría costos para el Estado. Además del cuido y mantenimiento que requeriría una construcción paralizada, el contratista podría trasladar costos al Poder Judicial y reclamar una indemnización.
La diputada Lobo lamentó que no contar con los recursos para seguir la obra afecte a la ciudadanía.
“Con el dolor de estas personas y de estas familias es que este gobierno está jugando al querer recortar el presupuesto al Poder Judicial”, dijo la liberacionista.
Igualmente, cuestionó que sean los habitantes del sur quienes asuman las consecuencias de la disputa que mantiene el gobierno de Laura Fernández contra el Poder Judicial.
“Es triste que este pleito del Gobierno contra el Poder Judicial solo empeore el dolor de las familias que pierden un familiar en la zona sur”, afirmó la legisladora puntarenense.