Este lunes la esposa de Esteban Aguilar Vargas, jefe de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, presentó una denuncia por presunta violencia doméstica y solicitó medidas de protección ante un Juzgado de Violencia Doméstica, en Heredia.
De acuerdo con el Ministerio Público, la causa se encuentra en investigación bajo la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y se tramitó en la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) de San Joaquín de Flores.
“La causa corresponde al expediente 25-000061-1611-PE y se abrió el pasado 3 de marzo, cuando se abordó a una persona usuaria que solicitó medidas de protección ante el Juzgado de Violencia Doméstica de la localidad, momento en el que la Fiscalía atendió a la solicitante e inició la investigación”, detalló la Fiscalía de Género ante consultas de La Nación.
Aguilar Vargas encabeza la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, encargada de investigar delitos informáticos y ciberseguridad en el país.
El ente acusador indicó que, debido a que el caso aún se encuentra en una etapa privada, no es posible brindar más información, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal. Por su parte, la oficina de prensa del Poder Judicial indicó que el Juzgado correspondiente, “por respeto y acatamiento a los principios de privacidad y confidencialidad que rigen en la materia”, no iba a brindar información al respecto.
Pidió permiso sin goce de salario el mismo día de la denuncia
El mismo día en que la denunciante acudió a instancias judiciales, el fiscal Aguilar solicitó un permiso sin goce de salario asegurando que era objeto de persecución dentro del Ministerio Público. La solicitud la dirigió al fiscal general Carlo Díaz, de quien aseguró ser victima de la acoso laboral.
“Mi carrera profesional, mi salud, mi seguridad y la de mi familia son mi prioridad, por lo que no puedo exponerme nuevamente a uno de sus constantes y desproporcionados ataques en mi contra”, escribió en el oficio Aguilar a Díaz.
“Por ello, le solicito me otorgue permiso sin goce de salario por el término de un año, a partir del próximo martes 11 de marzo del 2025″, acotó.
Pese a que La Nación envió mensajes al fiscal vía WhatsApp, a las 4:40 p. m. no se había obtenido ninguna respuesta, ni ha trascendido alguna reacción oficial de parte de Aguilar sobre la denuncia en su contra.
Denuncia de acoso
Hace varias semanas, Aguilar aseguró ser víctima de un supuesto acoso laboral por parte del fiscal general. Alegó que el presunto hostigamiento surgió como represalia por el vínculo con su hermano Gabriel Aguilar Vargas, quien se desempeña como jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves.
Aguilar dijo al noticiero Telediario, del canal Multimedios, que durante los últimos cuatro meses, la Fiscalía General ha efectuado “ataques sistemáticos” contra su persona y su equipo. Argumentó que incluso se pretende cerrar la Unidad de Cibercrimen, que fue creada hace dos años y que responde directamente a Carlo Díaz.
En réplica a los dicho por Aguilar, la Fiscalía General descartó que se haya girado alguna orden para cerrar la Unidad de Cibercrimen o que se haya valorado tal medida. Igualmente, señaló que “no ha existido recientemente contacto alguno, directo ni indirecto, con el fiscal coordinador o cualquier otro fiscal de dicha unidad para tratar este u otros temas, puesto que, por estructura jerárquica, esa labor recae en el fiscal adjunto a cargo”.
El Ministerio Público argumentó que, más bien, el 10 de enero se instruyó al fiscal Aguilar para que tome medidas tendientes a incrementar la cantidad y efectividad de las acciones represivas contra el fraude informático, debido al vertiginoso crecimiento de esta modalidad delictiva.
En cambio, el fiscal de Cibercrimen sostiene que existe una negativa a recalificar su plaza a una posición de jefatura y se ha retirado apoyo económico y humano a la unidad, además de que hay limitaciones para acceder a capacitaciones y se trasladó su oficina a una bodega sin acceso a Internet.
El 28 de enero anterior aseguró que interpondría una denuncia por acoso laboral contra Díaz y otro reclamo por la vía contenciosa, para exigir el pago del recargo.
El despacho de Carlo Díaz mencionó que, en todo momento, se ha respaldado el trabajo represivo de la Unidad de Cibercrimen y que se han hecho esfuerzos para capacitar a su personal, “procurando una política de persecución penal efectiva en esta materia, razón por la cual se ha propiciado dichos espacios, así como facilidades para que el fiscal Aguilar y su equipo capaciten a personal dentro y fuera del Ministerio Público, así como a nivel internacional”.