Mientras Costa Rica alcanza cifras récord en homicidios y en niveles de inseguridad, la aprobación de proyectos en la Asamblea Legislativa en materia de seguridad refleja una tendencia clara: de 17 expedientes convertidos en ley en el 2024, solo uno era de carácter preventivo, mientras que 12 tuvieron un enfoque punitivo, es decir, aumentar penas de cárcel o facilitar la persecución penal.
Entre las principales normas se encuentra la ley 10.471 que crear el delito de extorsión cobratoria, con penas de entre 8 y 15 años contra los prestamistas gota a gota que amenacen a los deudores, y la ley 10.519, que impone penas de 3 a 9 años por simular usar un arma en un asalto. Destacan también la ley 10.450, para revocar el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado mientras lo disfruta, y la ley 10.517, que excluye el beneficio de arresto domiciliario con brazalete electrónico para condenados por crimen organizado.
También se crearon nuevas entidades para facilitar la persecución y juzgamiento del crimen: el Juzgado Penal de Batán, en Matina de Limón, y el Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual “será el encargado de proponer y ejecutar los lineamientos y las políticas en materia de capacitación nacional e internacional del OIJ”.
Los diputados crearon además la ley 10.500, que permite las escuchas telefónicas en investigaciones sobre delitos de homicidio simple y femicidio.
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Un recuento elaborado por la carrera de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) señaló que la única legislación preventiva es la ley 10.475, creada en julio pasado para prevenir la violencia en menores de edad y jóvenes por medio de programas educativos, culturales y sociales. Este plan procura evitar que más personas se unan a las filas del narcotráfico; sin embargo, fue aprobado sin una fuente de financiamiento.
Se mantiene el caldo de cultivo del crimen organizado
Para el criminólogo de la UNED, Rodrigo Campos, la ausencia de proyectos preventivos le puede salir caro al país en el largo plazo, pues se podrían mantener las condiciones sociales y económicas que propiciaron el repunte del crimen organizado. Campos consideró que solo aumentar penas o reducir los beneficios carcelarios no es suficiente para atacar la inseguridad.
“Todo esto parte de un supuesto erróneo y es que aumentando las penas se reduce el crimen, eso es total y absolutamente falso. No hay ningún estudio que se haya hecho, que logre demostrar que esa correlación existe, porque son dos variables independientes, quien comete un delito no está pensando en las penas, lo hace por otros motivos”, afirmó el experto a La Nación.
“Si esto no está acompañado de una política penitenciaria congruente, vamos a tener un grupo de la población privada de libertad que va a permanecer más tiempo en las cárceles, y es así como en América Latina, ya ha pasado varias veces en varios países, las cárceles terminan convirtiéndose en una especie de oficentros del crimen, pagados por el Estado”, aseguró.
Campos sí resaltó la creación del Centro de Capacitación del OIJ, y consideró que otras instituciones deberían seguir el mismo camino, pues consideró necesario mantener actualizadas constantemente las fuerzas policiales del país.
Por su parte, el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, es del criterio de que Costa Rica necesitaba muchos de los proyectos aprobados en el Congreso para ajustar su sistema penal a los desafíos del presente.
“Sería mezquino no darle a la Asamblea Legislativa el crédito que se merece por cuanto es notable que en muy poco tiempo haya logrado sacar de la corriente legislativa proyectos importantes en tema de seguridad”, declaró.
“Si bien van con un corte coercitivo mas no preventivo, es importante refrescar la normativa vigente por cuanto estamos viviendo situaciones distintas a hace unos 20 o 30 años atrás, cuando se luchaba contra el crimen común y ahora tenemos esta corriente del crimen organizado y el narcoterrorismo, que está invadiendo todas las zonas de nuestro país”, apuntó el exjerarca.
Mata agregó que los proyectos preventivos también son importantes, pero afirmó que la prioridad debe ser ajustar la normativa existente a la realidad del país. Señaló que la prevención y la contención del crimen son resorte del Ministerio de Seguridad Pública, institución que, aseguró, carece de recursos para trabajar de manera óptima.
“En este momento no existen barreras de contención que minimicen esta guerra que tenemos en nuestras calles, y esto va a ir de mal en peor”, lamentó el exministro.
Criterios en Comisión de Seguridad
El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), reconoció que el Congreso le ha dado prioridad a proyectos punitivos, pues la situación del país así lo demanda, pero afirmó que también se le está dando trámite a planes preventivos.
“Esto debe ser un enfoque integral, y la estrategia sugiere trabajar en prevención para combatir los diferentes delitos y por supuesto que somos conscientes de que con prevención es mucho más efectivo y, a largo plazo, poder tener una mejor seguridad”, afirmó.
Por su parte, Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio y secretaria de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, manifestó que “la ruta de mano dura apoyada por muchas fracciones en la Asamblea, es una visión que podría catalogarse de cortoplacista y populista, tendiente a la redención de votantes y popularidad”.
Agregó que no basta con que el Congreso contemple la prevención desde el ámbito policial, pues “existen causas más profundas que favorecen un ambiente de fácil comisión delictiva, especialmente para nuestros jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, como es la falta de oportunidades para aliviar la creciente desigualdad que existe”. Asimismo, aseguró que en el ámbito punitivo, su fracción se ha concentrado en apoyar los proyectos que persigan los delitos de cuello blanco y de delincuencia compleja.
La diputada añadió que el aumento de penas de cárcel debe ser acorde a las conductas delictivas, pues incrementarlas de forma desproporcional no solo atentaría contra los derechos humanos, sino que le saldría más caro al Estado.