La escasez fue consecuencia del desorden que imperó durante los primeros dos días en la distribución de donaciones que llegaban de todo el país a este cantón, severamente golpeado por el huracán Otto.
Para evitar que esos problemas se repitan, la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, ordenó ayer que sean los miembros de la Fuerza Pública los encargados de llevar la alimentación a las ocho comunidades upaleñas aisladas.
Su plan intenta ordenar y agilizar el envío de asistencia.
“No quiero que nadie se quede con hambre y estamos muy adelantados en lograr ese objetivo”, expresó, anoche, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en conferencia de prensa.
El mandatario encargó la coordinación a la vicepresidenta, luego de que el sábado admitió atrasos por desorden en la canalización de las ayudas en Upala.
Las acciones a cargo de policías, con funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), concretaron este domingo la entrega de 5.000 diarios.
Entre las nuevas medidas están la designación de un administrador para cada bodega donde se guardan víveres y productos de higiene, así como de un administrador para cada albergue.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, pidió a no hacer “turismo morboso”, en Upala y otras áreas perjudicadas pues complica el tránsito de los vehiculos de socorro y representa un riesgo por la condición de puentes y vías.
Mientras, en otros cantones, los pobladores se concentran en labores de limpieza y recuento de daños, al tiempo que siguen activos los albergues.
Penurias. Las dificultades en el traslado de ayuda pusieron en penurias al presidente de la Asociación de Desarrollo de Moreno Cañas, Noel Ortiz Cerdas, quien se vio en la necesidad de sacar, el viernes, un día después de la emergencia, comida fiada por ¢25.000 en una pulpería para repartir entre sus vecinos.
“Acá tenemos todo tipo de carencias. No hay agua debido a que el acueducto quedó destruido, tampoco electricidad porque los postes se cayeron. Hay adultos mayores, niños y no se cuenta con pañales”, explicó Ortíz.
Según dijo, el albergue lo habilitó la comunidad ya que era el único sitio seguro y amplio para protegerse.
“Nunca se contó con una línea de comunicación para ayudas. La comunidad, a como pudo, fue la encargada de abrir los trechos luego de que cayeron árboles”, contó el líder comunal.
Como les ocurre a los habitantes de ese poblado, otros centenares en Upala siguen sin agua, sin luz ni caminos.
Para atender la reconstrucción del cantón alajuelense y de todos los afectados en la zona sur, norte y el Caribe, el Gobierno firmaría esta misma semana un decreto de emergencia.
Esa disposición le permitirá al Ejecutivo movilizar recursos para el proceso de reconstrucción de las regiones azotadas.
Ayer, además, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, confirmó que pedirán a los diputados ¢3.000 millones más para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Ese monto será incluido en el segundo presupuesto extraordinario del 2016 que actualmente se discute en el Congreso y que se debe aprobar a más tardar, el 20 de diciembre. Colaboró Natasha Cambronero.
