San Carlos: Familias rechazan dejar zonas de riesgo de avalanchas junto a ríos

Nicole Mora Retana y Aarón Vargas construyeron con sus ahorros una casa que les costó ¢9 millones y, no habían pasado dos semanas cuando la pareja, que se casó hace cuatro meses, recibió la orden del Ministerio de Salud de desalojar la propiedad por el riesgo de más avalanchas en el río Aguas Zarcas, que pasa a 200 metros de distancia.

Ella argumenta que han respetado la zona de protección y que los inspectores municipales no realizaron estudios de campo adecuados al incluirlos en la zona de alto riesgo. Por esta razón, recurrieron a la Sala Constitucional, donde presentaron un recurso de amparo contra la orden y, además, contrataron un abogado para apelar el caso.

Otros vecinos también están en la misma situación debido a que el Ministerio ordenó el desalojo de algunas propiedades ubicadas junto a los ríos por donde descendieron avalanchas de lodo y árboles desde el Parque Nacional Juan Castro Blanco. Incluso, el 23 de julio fueron arrasadas casas y comercios.

Los desalojos en el distrito de Aguas Zarcas debían ejecutarse este jueves 13 de setiembre antes de las 2 p. m., pero no se dieron.

La Municipalidad de San Carlos, por su parte, reportó que desde agosto realiza una inspección de propiedades aledañas a los cauces de los ríos Aguas Zarcas, Aguazarquitas y Kopper. En una primera etapa, detectó 35 fincas con incumplimientos en las áreas de construcción.

En algunos casos no se contaba con ningún permiso, mientras que en otros se excedieron en la superficie construida. Por ejemplo, el permiso original era para 400 metros cuadrados, pero se encontraron más de 3.000 metros de construcción, según lo indicado por la alcaldesa Karol Salas Vargas.

También señaló que los negocios afectados por las avalanchas del 23 de julio, ubicados junto al puente que conecta Aguas Zarcas con Ciudad Quesada, han sido incluidos por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en la zona donde no se permitirá la construcción de nuevas edificaciones.

Más bien, el municipio investiga por qué se permitieron estas construcciones en lo que aparentemente fue un relleno, en un espacio que originalmente pertenecía al río, afirmó Salas.

El informe de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), elaborado por el geólogo Julio Madrigal y de obligatorio cumplimiento para el municipio y otras instituciones, delimita “zonas rojas” específicas donde no se permite la ocupación humana ni actividades comerciales, incluyendo bodegas, cabañas o ranchos.

“Lo que hemos encontrado en la Municipalidad es que la mayoría de las estructuras en esta zona designada como zona roja carecen de permisos de construcción”, enfatizó la alcaldesa.

Recalcó que las acciones emprendidas por las instituciones estatales, el municipio y la Comisión Municipal de Emergencias tienen como objetivo principal salvaguardar la vida humana. Por lo tanto, se han emitido notificaciones de desalojo advirtiendo sobre la alta probabilidad de futuras avalanchas de gran magnitud.

Todavía falta notificar a quienes se encuentran dentro de la “zona roja” en el distrito de La Palmera. Una vez que termine el proceso de avisos se determinará el número total de propiedades y de familias afectadas.

Las avalanchas posteriores al deslizamiento que comenzó el 14 de julio incluyen Calle Carvajal, Cerro Cortés, Calle Hernández, La Palmera, Kopper de Cutris y otros, donde se han realizado trabajos de dragado, canalización y rehabilitación de diques.

En cuanto a las ayudas, la alcaldesa dijo que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) puede proporcionar un subsidio de alquiler temporal a las familias que se encuentren por debajo de la línea de pobreza y que tengan una sola vivienda.

Otra opción es que las familias desalojadas se acerquen a la Comisión Municipal de Emergencias en la sede del municipio, donde la ingeniera a cargo, Cinthya Flores, proporcionará una referencia al Ministerio de Vivienda, que determinará los casos elegibles para recibir asistencia.

La CNE ha realizado inspecciones en la cuenca del río y en las zonas montañosas afectadas.

En respuesta a sus recomendaciones, se han llevado a cabo labores de prevención como el cierre de brazos que se abrieron en el río Aguas Zarcas durante las inundaciones de julio. Además, se han realizado actividades de capacitación comunitaria, se implementó un Sistema de Alerta Temprana, se instaló una nueva estación meteorológica en la montaña y una sirena de alerta.

También se colocaron rótulos de alerta en las calles aledañas a la zona de riesgo, se han efectuado simulacros de evacuación y se han instalado tres cámaras de videovigilancia en el río.

El municipio hace un llamado a evitar acercarse al cauce del río debido a la presencia de material fangoso.

Hace tres semanas, un hombre de unos 40 años se adentró para tomar fotografías y quedó atrapado hasta el cuello durante casi 40 minutos. Fue rescatado de forma fortuita.

Familias se mantienen firmes

Sebastián Vargas Barquero, de 21 años, es el tercero de cuatro hermanos y vive con sus padres y su hermano menor en una finca que ahora tiene una orden de desalojo. En esa misma propiedad de su padre, residen dos hermanos casados junto con sus respectivas esposas.

El joven afirma que no planean abandonar la finca, ya que no tienen otro lugar donde ir y han vivido allí durante más de 14 años. Argumenta que durante las avalanchas de julio, ni siquiera el barro se acercó a la finca, por lo que considera injusto que los incluyan en la zona roja, ya que están a más de 200 metros del río.

Según Sebastián, el dique rehabilitado por la CNE protege la finca de su familia, por lo que le parece ilógico que ahora les ordenen desalojar.

Él se dedica a entrenar caballos en la propiedad y ayuda a su padre a cuidar el ganado. Su hermano Aarón es un ingeniero recién graduado y esposo de Nicole. Mientras, Jean Carlo es mecánico y trabaja durante la semana en Zarcero, de donde regresa a la finca en Los Chiles de Aguas Zarcas los fines de semana. El hermano menor, Elías, es estudiante y se graduó del colegio.

Nicole Mora, esposa de Aarón, sostiene que después de la avalancha, cinco familias abandonaron sus casas por iniciativa propia, pero estas viviendas se encontraban junto al río, por lo que no esperaron siquiera la orden oficial de desalojo.