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La protesta de los médicos forenses, que renunciaron a laborar horas extras en la Morgue Judicial, atenta contra el principio constitucional de justicia pronta y cumplida y afecta gravemente los derechos de los usuarios, especialmente menores de edad y mujeres, aseguró la Defensoría de los Habitantes.
Este jueves, la institución reportó que mantiene un monitoreo sobre el movimiento iniciado el pasado domingo, y solicitó a las autoridades judiciales un informe sobre los planes de contingencia adoptados para mantener el servicio continuo. Asimismo, la defensora Angie Cruickshank realizó una inspección personal en la morgue, donde se reunió con el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, y el jefe de Medicina Legal, Franz Vega.
“Respecto de la extracción de órganos y tejidos, se solicitó informar acerca de las medidas para asegurar la continuación de estos procedimientos de forma oportuna y, en relación con la realización de autopsias, indicar las medidas para ofrecer un servicio sin dilación, tanto para satisfacer los intereses de la administración de justicia como de las familias en relación con los cuerpos de sus seres queridos”, señaló la Defensoría en un comunicado.
La protesta fue anunciada por el sindicato desde el miércoles 27 de noviembre, debido a que no se atendieron sus demandas sobre el pago equitativo por disponibilidad, en comparación con el salario de un médico especialista de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El pasado lunes, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, aseguró que la ausencia de médicos durante el domingo dejó diez autopsias pendientes. Tampoco se pudo atender a una mujer en Liberia que requería los servicios forenses como parte del Protocolo de las 72 Horas para víctimas de agresión sexual, lo que llevó al OIJ a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
Al respecto, la Defensoría indicó que se pudo haber transgredido el principio de debida diligencia ante los casos de violencia sexual contra las mujeres, establecido en la Convención de Belém do Pará, creada para combatir violencia de género.
Solicitud de ilegalidad del movimiento
Este viernes, Zúñiga detalló que se estaba por entregar a la Procuraduría General de la República (PGR) una solicitud de ilegalidad del movimiento. Aunque no sea una huelga tradicional, el director afirmó que se trata de una medida de presión por parte de los médicos que podría ser considerada como una huelga ilegal por la Ley 9808, vigente desde el 2020.
El jerarca agregó que nueve doctores se separaron de la protesta, lo que dejaría a 20 de los 46 médicos del OIJ aún sin trabajar horas extras. Esto ha permitido que la mayoría de días la morgue haya funcionado de madrugada con normalidad, pero podrían continuar las afectaciones durante el fin de semana.
“Yo invito a cualquier persona que tenga una situación de atraso con la entrega de cuerpos, que interponga un recurso de amparo”, manifestó Zúñiga, quien afirmó que la Constitución Política avala las excepciones sobre horas extras, y que en el caso de los médicos forenses, la disponibilidad es inherente a su puesto por tratarse de un servicio esencial.
“Por eso, estamos indicando que el movimiento que se está haciendo resulta a todas luces ilegal”, dijo.
En la sesión del lunes de la Corte Plena, tanto Zúñiga como el director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos Hidalgo, sostuvieron que la institución no puede hacer nada para atender las demandas de los médicos, pues se requiere cambiar la ley en la Asamblea Legislativa.
La molestia con el pago por disponibilidad es uno de los 22 reclamos enviados por el sindicato a las autoridades judiciales. Según Campos, cuatro de esos reclamos no se pueden atender por asuntos de legalidad, ocho fueron o serán atendidos y en diez se acordó adoptar acciones de mediano plazo.
Otra de las disconformidades de los médicos era que no recibían pago por prohibición, otorgado a los funcionarios que no trabajen en ningún otro puesto, y el cual fue aprobado en julio por la Corte Plena.
