Al menos una página en Facebook fundada por un abogado de apellidos Gutiérrez Pizarro, de 37 años, quien fue detenido este martes como sospechoso de participar en la detonacion de explosivos en Teletica y el Congreso, atacaba a grupos LGBTI y a la población inmigrante con noticias falsas.
Se trata de la página Resistencia Costarricense que fue monitoreada por La Nación en junio pasado, cuando también incitaba a la violencia y promovía un “golpe de Estado” en contra del gobierno de Carlos Alvarado, valiéndose de noticias falsas.
Una vez que se publicó la información en el periódico, la página desapareció de la red social. Empero, este medio tiene una captura de pantalla en la que Gutiérrez Pizarro, quien es casado y padre de dos menores, se identifica como su fundador y se describe como “abogado, mediador-conciliador, escritor, ensayista, analista político, profesor universitario...”.
Hace casi cinco meses, cuando estaba visible en Facebook, a Resistencia Costarricense la seguían 27.386 personas.
En ella publicaba ataques a la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo) y los migrantes nicaragüenses en el país. Además, llamaba a sacar del poder a la “dictadura", forma en que calificaba a la administración Alvarado.
Según el monitoreo de este medio, la promoción de la violencia desde esa plataforma no era nueva. La página impulsó, durante varias semanas, la formación de “batallones”, autodenominados “garroteros”, para patrullar en diferentes zonas del país.
Esos “batallones” eran coordinados por grupos de WhatsApp, que la página divulgaba en Facebook.
“La patria necesita gente valiente y que deje el teclado y luche por nuestra Costa Rica. Conforme al Artículo 12 de la Constitución Política de Costa Rica, para la defensa nacional se convoca a todos los ciudadanos para la organización de fuerzas civiles. Se ha dividido el país en cinco batallones (grupos solo para encontrar contactos cercanos de cada comunidad y actuar, no hay debate ni compartir información política)”, dice una publicación del 19 de junio que se encontraba destacada en la página y que tenía enlaces a los grupos de WhatsApp.
Al día siguiente del reportaje de La Nación, y de una publicación en la página de Facebook ReporteroCR, la Embajada de Brasil en Costa Rica confirmó que Gutiérrez Pizarro trabajaba en esa delegación; no obstante, aclararon que no conocían las actividades políticas o su activismo en redes.
"La Embajada de Brasil, en respuesta a la noticia abajo, aclara que el Señor Miguel Alejandro Gutierrez Pizarro no es diplomático, ni es funcionario del Gobierno de Brasil. Es apenas un contratado local de la Embajada de Brasil en Costa Rica, con funciones de auxiliar administrativo.
“La Embajada de Brasil ignoraba sus actividades políticas y su activismo en redes sociales, las cuales no se compaginan con el perfil esperado de un funcionario de embajada en cualquier país. El Sr. Gutiérrez no compareció a su trabajo en el día de hoy”, dice la publicación de la legación en Facebook.
Se intentó hoy consultar en esa embajada si Gutiérrez sigue trabajando allí, pero nadie atendió el teléfono disponible.
Este martes, en conferencia de prensa, el jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Eduardo Trejos, explicó que la entidad investiga acciones criminales que atentan contra Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, no necesariamente posiciones en contra de una administración o ideología política.
Sobre Gutiérrez, confirmó que hubo un expediente básico del 2015, pero “no era sujeto de investigación por parte nuestra en este momento”.
“Creo que fue señalamiento de amenaza menor en redes sociales”, agregó.
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Abogado de niño sirio
En setiembre del 2016, La Nación publicó que Gutiérrez Pizarro representó a un joven sirio de 13 años, quien estaba en Costa Rica y buscaba obtener la visa para permanecer en el país, pues huía de una nación en guerra.
La gestión de ingreso del joven la presentó en mayo de ese año el costarricense Badar Alchiekh Ismael, presidente del Centro Cultural Musulmán Mezquita de Omar (organización de la comunidad musulmana en Costa Rica), quien, además, es primo del adolescente sirio.
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El abogado Gutiérrez, representante legal de Badar, dijo que la petición se hizo cumpliendo con todos los requisitos legales, incluida una constancia de antecedentes penales del menor de 13 años, condición que calificó de exagerada.
En aquel momento, explicó que la familia del adolescente habitaba en un barrio de la ciudad de Homs, la tercera en importancia en aquel país.
Agregó que el menor está en el sistema educativo y es hijo único. Los padres desean sacarlo del país mientras se soluciona el conflicto bélico, pero ellos no quieren salir de Siria pues tienen bienes y desean cuidarlos.
Sin embargo, la Comisión de Visas Restringidas, luego de analizar la documentación, consideró que la gestión no cumplía con lo que establece la Ley General de Migración y Extranjería.
En esa misma época también representó a una mujer siria que había ingresado a Costa Rica en noviembre del 2015 con un pasaporte griego robado.
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En Internet, el capturado también figura como autor del libro Costa Rica: La patria tomada, robada y vendida.
En la contraportada de este documento dice que su obra “aspira a generar un cambio radical en Costa Rica. Su principal aporte es que detalla todo un proyecto político que promueve la justicia social, la libertad y el buen gobierno. Definitivamente el libro es importante para entender la crisis que vive el país”.