Los papás de un bebé, quien falleció a golpes a los 13 días de nacido, serán sometidos de nuevo a juicio luego de que los magistrados de la Sala Tercera anularon la sentencia previa que los exoneró por dudas.
La Fiscalía de Hatillo confirmó que ganó un recurso de casación contra la primera resolución dictada por este caso, en octubre del 2022. El homicidio ocurrió en mayo del 2019.
En aquel momento, los jueces del Tribunal Penal de Pavas resolvieron exonerar a los padres “porque no tuvieron pruebas suficientes para demostrar quién o quienes fueron los responsables”.
“Hay un testigo sumamente importante para llegar a la conclusión y es la hermana del pequeño; ella fue muy clara al indicar que, cuando llega al cuarto, ya su hermanito estaba morado y con sangre en la nariz; la declaración de la menor no generó ninguna duda y no hay nada que le reste credibilidad al relato.
“Eso es lo que genera en el Tribunal el convencimiento de que fue alguno de ustedes el que terminó dando muerte al niño, pero no se logra determinar cuál de los dos fue”, dijo el juez Simón Guillén Solano en aquella época, refiriéndose a los acusados, un hombre de apellidos Madrigal Pérez, de 36 años, y su esposa apellidada Montero Rojas, de 31.
Tras el fallo, la Fiscalía apeló, pero el Tribunal de Apelación de la Sentencia de Goicoechea confirmó esa resolución.
Sin embargo, el Ministerio Público elevó el reclamo ante los magistrados de Sala III, que finalmente ordenaron, el pasado 15 de julio, un nuevo debate, con un Tribunal Penal de distinta integración y en una fecha por definir.
La oficina de prensa de la Fiscalía no precisó cuáles fueron los razonamientos de los magistrados para ordenar el nuevo juicio, que se realizará en una fecha aún por definir.
El caso
Los hechos, que se tramitan bajo el expediente 19-013165-0042-PE, ocurrieron la mañana del 7 de mayo del 2019, cuando el bebé fue trasladado en ambulancia a la clínica de Alajuelita con problemas respiratorios y un sangrado en la nariz.
El bebé entró muerto al centro médico. La tesis de la Fiscalía es que el menor falleció producto de múltiples golpes ocasionados por sus padres.
Una patóloga judicial revisó las lesiones del niño y determinó que tenía moretes en la parte baja de la espalda y en ambas ingles. En su criterio, sufrió el síndrome del niño agredido.
La última prueba presentada por el fiscal Mario Andrés Castro en la fase de conclusiones, fue una llamada al 911 donde la madre del menor decía que sangraba por la nariz y se le aconseja comenzar las maniobras de resucitación.
La encargada del 911 le indicó a la familia que la ambulancia iba en ruta y que, mientras tanto, le hicieran 15 compresiones en el tórax al pequeño seguidas de dos respiraciones pequeñas boca a boca, repitiendo el ciclo hasta que llegaran los socorristas.
Pese a ello, fue imposible salvarlo. Cuando la ambulancia llegó a la clínica, el menor iba con las pupilas dilatadas, coloración azul de la piel y de las mucosas por oxigenación deficiente de la sangre. Además, no se le escuchaban latidos.
En aquel momento, Madrigal afirmó ser inocente y cuestionó el tratamiento que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le dio al asunto, presentándolo como un “monstruo” para la sociedad.
El hombre negó que fuese violento o que maltratara a sus hijos y a su esposa. Sin embargo, en el testimonio de Montero, ella sostuvo que una vez, durante una discusión por dinero, él le lanzó una silla.
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