Mientras la Fiscalía sostiene que la muerte de un niño de 13 días ocurrida en Alajuelita en el 2019 fue por agresión de sus padres, la defensa de la pareja acusada afirma que más bien fueron errores en la atención médica y de manipulación del niño los que le causaron la muerte.
Desde este jueves una pareja enfrenta la justicia en los Tribunales de Pavas por la muerte del bebé, que fue declarado fallecido a su ingreso a la clínica de Alajuelita la mañana del 7 de enero del 2019. El menor arribó en ambulancia a la clínica de Alajuelita, con problemas respiratorios y un sangrado en la nariz.
Durante la lectura de la acusación el fiscal, Mario Andrés Castro Oconitrillo, indicó que la pareja tenía la obligación jurídica de proteger al niño y velar por su bienestar, pero más bien lo tomaron de la cadera y las ingles para golpearlo fuertemente contra un objeto contundente, sin que ninguno de los padres evitara que el otro le propinara los golpes que le costaron la vida.
El menor presentaba trauma craneofacial y hemorragias internas en cabeza y cuerpo, contusiones y traumas en el tórax y fractura clavicular, entre otros.
Los imputados son una mujer de apellidos Montero Rojas y su esposo de apellidos Madrigal Pérez. En la lectura de la acusación, el fiscal, Mario Andrés Castro, afirmó que aunque la mujer tenía licencia de maternidad y lo cuidaba de lleno en esos días, nadie impidió la agresión perpetrada.
El menor presentaba el síndrome del niño agredido, es decir, muestras de sacudida, golpes y moretones en la espalda y las ingles, así como lesiones internas.
Así fue confirmado por la patóloga forense Laura Quirós Abarca, quien fue la segunda testigo en comparecer y quien dijo que la muerte no obedece a una caída, sino que lo golpearon contra una superficie plana. También descartó que tuviese alguna enfermedad o bacteria, por lo que catalogó la muerte como homicida.
Otra testigo fue Lourdes Solano, de 28 años, vecina y amiga de la madre del niño fallecido. Ella dijo que a las 9:13 a. m. de aquel 7 de enero recibió una llamada de esa familia, donde le pedían ayuda, pues sabían que ella podía darle primeros auxilios, pues durante tres años fue voluntaria de la Cruz Roja.
Afirma que se fue corriendo hasta la vivienda donde estaba el niño, que queda a unos 100 metros de su casa, en San Felipe 1 de Alajuelita, pero al llegar vio que el niño sangraba por la nariz y no reaccionaba. Lo primero que hizo fue recostarlo a su pecho y orar por él, pues no tenía signos vitales y más bien los labios ya se le veían morados.
Agregó que estando ahí llegó la ambulancia, al mando de un técnico de Emergencias Médicas, Ronny Monge, que fue su instructor durante tres años. De inmediato subieron al niño a la unidad.
Mientras el vehículo iba a toda prisa hacia la clínica, Solano dijo que le dio maniobras de resucitación para bebé, supervisada por el técnico de la Cruz Roja, quien al mismo tiempo avisaba al centro médico sobre la urgencia del caso. Al llegar a la clínica, ya el personal médico estaba listo para recibir al niño y proseguir con la atención requerida, pero todo fue infructuoso.
Una bacteria
Los abogados defensores negaron los cargos y dijeron que incluso tres hijos de la pareja fueron llevados días antes de la muerte del infante al Hospital Nacional de Niños, como medida de prevención ante un contagio viral que imperaba en el país en ese tiempo.
Ricardo Gamboa, defensor de la madre acusada, negó que la muerte investigada fuera como lo afirma el Ministerio Público. Más bien dijo que en la visita previa al hospital, una bacteria inundó el cuerpo del recién nacido y que eso le generó un paro cardiorrespiratorio, el cual no fue atendido de la manera adecuada.
Agregó que hubo deficiencias en las maniobras de resucitación que se le dieron al menor, así como otras fallas en la atención médica brindada durante el trayecto y en la clínica de Alajuelita, y que así lo van a demostrar en el juicio.
“Durante más de una hora el cadáver, por decirlo así, estuvo siendo manipulado, maltratado... de diferente manera estuvo sometido a movimientos bruscos y a tratamientos por personas que no eran las más adecuadas para prestarle la atención que un bebé tan débil requería, ante la crisis que padecía”, dijo Gamboa.
Adelantó que va a cuestionar la autopsia, porque en la secuencia fotográfica del expediente hay lesiones en la cabeza que ocurrieron durante la manipulación del cadáver en la morgue y no por un maltrato que hubiesen ocasionado los padres, a los que calificó de buenos, cariñosos y con muchos valores.
Por su parte, la defensora del padre, María Giovannia Acosta, manifestó que rechaza la acusación de la Fiscalía y espera con pruebas demostrar que el padre nunca atentó contra la vida del menor y que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos.
“El bebé murió debido a las deficiencias de atenciones médicas que le dieron desde el momento en que se pidió el auxilio al 9-1-1 así como por las maniobras de resucitación, que fueron las que produjeron la muerte″, dijo Acosta.
Ambos padres se abstuvieron de declarar en esta parte del debate. La mujer trabaja como cajera y el padre en encuadernación.
Cuando se detuvo a los padres, el Juzgado Penal les dictó como medida cautelar el uso de tobillera electrónica, pero eso fue apelado por la Fiscalía de Hatillo. Días después fueron enviados a prisión preventiva; sin embargo, en la actualidad la pareja está libre y solo firma regularmente ante el juzgado, por eso llegaron sin custodios y por sus propios medios a la sala de juicio.
El debate se desarrolla en la sala N.° 3 de los Tribunales de Pavas y está a cargo de los jueces Simón Guillén, Paul Fuentes Sing, quien lo preside, y María Aurelia Rodríguez.
Se espera la comparecencia de unos 18 testigos, entre ellos personal médico, vecinos de la pareja y otros, por lo que será hasta mediados de octubre cuando llegaría a la fase de conclusiones y la posterior sentencia. Este martes a las 8 a. m. seguirá la comparecencia de la patóloga y luego corresponderá el turno al técnico de la Cruz Roja, Ronny Monge Vindas.
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