Eddy Vílchez Alemán, de 29 años, fue condenado a 71 años de prisión por haber asesinado a machetazos a su esposa y a su suegra.
El Tribunal Penal de Heredia lo halló responsable de dos homicidios simples y una tentativa de homicidio. Aunque el castigo impuesto es de 71 años, se reduce a 50, que es la pena máxima permitida en Costa Rica.
Los hechos juzgados sucedieron el 8 de junio del 2016, en calle El Gallito, en San José de La Montaña, Heredia.
Ese día Vílchez mató a machetazos a su esposa, Margarita Espinoza Arce, de 27 años, quien se había separado del agresor y vivía en casa de sus padres. El homicida no estaba de acuerdo con esta decisión y trató varias veces de que ella volviera con él, pese a las agresiones previas que la mujer había sufrido.
La otra víctima de Vílchez fue Mayela Arce Rodríguez, de 47 años, su suegra.
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El hombre también trató de asesinar a Álvaro Espinoza Martínez, su suegro, quien resultó herido en la oreja, hombro y espalda, pero sobrevivió al ataque.
Ese 8 de junio, el imputado llegó a la casa de las víctimas con un machete, ingresó al cuarto de su esposa y la asesinó. Posteriormente, se dirigió donde su suegra y también acabó con su vida. El padre de Margarita, al ver lo ocurrido, se enfrentó al sentenciado.
Dos niños, hijos del homicida, se salvaron de correr la misma suerte, pues un tío materno, de 14 años, se encerró con ellos en un cuarto.
Tras lo sucedido, los vecinos dieron la alerta a oficiales de la Policía, quienes lograron detener a Vílchez en las cercanías.
Mientras la sentencia adquiere firmeza, el imputado permanecerá seis meses más en prisión preventiva.
La sentencia fue dictada la tarde del lunes y estuvo a cargo de los jueces Maureen Sancho González, Eliécer Ramírez Alfaro y Marvin Cerdas Montano.
El fallo ordenó destruir el machete que la Policía decomisó a Vílchez y que sirvió como prueba a la Fiscalía Adjunta de Heredia, que tuvo a su cargo el proceso.
Una vez que la sentencia quede en firme, se pondrá al sentenciado a la orden del Juzgado de Ejecución de la Pena y del Instituto Nacional de Criminología, para que determinen su traslado al centro penitenciario en que descontará la pena máxima.