Dos Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan bajo la tutela del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) están siendo investigadas penalmente debido a acusaciones de agresiones sexuales en sus albergues.
Las entidades bajo escrutinio son La Asociación Posada de Belén, ubicada en El Coyol de Alajuela, y el Hogar Bíblico de la Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño, situado en San José de la Montaña, en Barva de Heredia.
En Posada de Belén, donde residen 63 adolescentes junto a sus 68 hijos, el PANI tomó medidas el pasado 7 de febrero e interpuso tres denuncias penales por abuso sexual y otros delitos. Actualmente, se está investigando si estas agresiones sexuales fueron perpetradas por los cuidadores u otros menores del centro, ya que la situación se encuentra en proceso de investigación, por lo que no se disponen de mayores detalles al respecto.
Según el PANI, las denuncias penales fueron presentadas el 12 de enero ante la Fiscalía Adjunta de Alajuela y el 6 de febrero ante la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA).
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Estos incidentes trascienden apenas dos semanas después de que autoridades judiciales llevaran a cabo allanamientos en las sedes de la Fundación Manos Abiertas, ubicadas en Alajuela y Cartago, como parte de una investigación sobre posibles delitos de maltrato y tortura.
Al igual que en el caso de Manos Abiertas, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) implementó la medida cautelar de separación del personal de seguridad y de los profesionales en la Posada de Belén.
“Estas medidas se adoptan en base a una denuncia por supuesto abuso sexual y un informe elaborado por el Órgano de Investigación Preliminar del Departamento de Protección del PANI, que señaló la presunta violación de derechos de los menores de edad”, aclaró el PANI.
Según la entidad, las violaciones de los derechos de los menores incluyen la falta de cobertura de necesidades básicas como alimentación, vestimenta, atención médica e higiene, así como la escasez de artículos personales, un entorno seguro y la ausencia de acompañamiento profesional, entre otros aspectos.
La Nación intentó establecer comunicación con La Posada de Belén mediante el número telefónico disponible en la página web del Ministerio de Educación Pública (MEP), sin embargo, no se obtuvo respuesta. Además, se enviaron correos electrónicos para contactar a la entidad tanto el 13 como el 21 de marzo, pero tampoco se recibió contestación.
Pesquisa por violación
En cuanto a la investigación en Roblealto, esta se centra en una presunta violación sufrida por un menor de 9 años a manos de otro menor que forma parte del programa.
Esta ONG, con 92 años de trayectoria, brinda atención a niños de distintas regiones del país, de entre 4 y 12 años, que han sido evaluados por el Patronato Nacional de la Infancia como viviendo en situación de vulnerabilidad o riesgo familiar. Los menores llegan al centro antes de que el PANI dicte una separación definitiva, con el propósito de recibir acompañamiento y tratamiento que les permita superar su situación y, eventualmente, regresar a su hogar.
La denuncia de la presunta violación fue presentada por la madre del menor el 20 de febrero. En ese momento, el PANI trasladó al niño a otra alternativa de cuidado y ordenó a la Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño separar al personal encargado del cuidado de los menores.
El Patronato confirmó que presentó una denuncia penal contra el personal de la ONG a cargo del cuidado y protección de los menores en la Fiscalía de Heredia. Por su parte, la Fiscalía Penal Juvenil de Heredia confirmó que está investigando los hechos, sin precisar mayores detalles por tratarse de un asunto donde están involucrados menores de edad.
En una entrevista con este medio, Marcelle Romero, directora ejecutiva de la Asociación Roblealto, señaló que en el centro residen 74 menores de edad y que todos eran cuidados por una sola persona, por lo que solo necesitan reemplazar a ese funcionario. Sin embargo, Romero aseguró que el proceso de contratación de la persona sustituta aún está en curso. “A nosotros no nos corresponde realizar una investigación sobre lo sucedido (...). Se tomaron decisiones para ambos niños”, afirmó la directora.
Respecto a la separación del cuidador, Romero destacó que se tomó como medida preventiva, ya que, aparentemente, la situación ocurrió durante la noche, lo que sugiere una posible falta de supervisión adecuada. “Preferimos asumir total responsabilidad en este asunto”, agregó.
La ONG también emitió un comunicado en el que aseguró que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se activó el protocolo correspondiente. “Se garantizó el abordaje integral, terapéutico y de contención necesario para los niños que aún están bajo nuestro cuidado. Además, se llevó a cabo un análisis para buscar mejoras continuas en el tema de protección infantil”, se lee en el documento.
Caso Manos Abiertas
La Posada de Belén y la Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño no son las únicas ONGs en convenio con el PANI que se encuentran bajo investigación por presuntos delitos.
El 5 de marzo anterior, cinco colaboradores de la Fundación Manos Abiertas fueron detenidos como presuntos responsables de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. Se trata de cuatro mujeres y un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, cuatro sospechosas vestían con hábitos similares a los de las monjas, lo que, al parecer, facilitaba la recaudación de fondos para la organización, dedicada a la atención de personas con algún tipo de discapacidad, tanto menores de edad como adultos mayores. Mientras que el hombre fue contratado como ingeniero en la Fundación.
Manos Abiertas, una ONG que se autodefine como un “albergue de cuidado y amor para personas con discapacidad en estado de abandono”, tiene dos sedes, una en Desamparados de Alajuela y otra en La Unión de Cartago.
Tiene 33 años de operar y, pese a no ser una entidad estatal, recibía fondos públicos de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Junta de Protección Social (JPS) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
La organización no está afiliada a la Iglesia católica pero estaba en proceso de convertirse en una asociación de fieles, según confirmó el padre Luis Hernández, vocero de la diócesis de Alajuela, quien además aseguró que no tenía conocimiento de las aparentes irregularidades que ocurrían en la Fundación.
Como medidas preventivas, dos mujeres de apellidos Rodríguez Ugalde e Hidalgo recibieron seis meses de prisión preventiva. Otra mujer, de apellidos Quirós Castro, debe cumplir con arresto domiciliario con tobillera electrónica, tiene impedimento de salida del país y no puede acercarse a víctimas, a otros imputados, o a las sedes de la Fundación.
La cuarta mujer implicada, de apellido Villalobos, quedó libre, pero sujeta al proceso judicial, mientras que para el hombre, de apellidos Granados Delgado, se impuso una fianza de ¢70 millones e impedimento de salida del país.
Este medio consultó al PANI si existen otras ONGs actualmente bajo investigación por presuntos delitos. No obstante, según indicó la entidad, hay 57 entidades bajo la supervisión del PANI, por lo que el proceso de recopilación de esta información implica tiempo.
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