Durante los primeros dos meses de este año, la provincia de Limón registró 37 de los 156 asesinatos ocurridos en todo el territorio nacional, lo que representa una cuarta parte del total, situándose como la segunda provincia con más homicidios después de San José, que contabilizó 39.
Este dato es preocupante si se considera que en Limón residen 470.383 personas, mientras que en la provincia capitalina viven más de 1,6 millones. Si esta tendencia persiste, Limón mantendrá una tasa de homicidios similar a la del año pasado, que fue de 45,1 por cada 100,000 habitantes, superando la de naciones como Honduras (38,2).
La tendencia al alza de los asesinatos en este 2024 es evidente al comparar los primeros dos meses del año actual con los del año anterior, que fue el más violento en la historia. En el 2023 fueron 147 fallecidos en el bimestre, frente a los 157 de este año.
En 2023, la tasa de homicidios en el país alcanzó los 17,2 por cada 100.000 habitantes. Según los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, cuando se supera una tasa de 10 por cada 100.000 habitantes, se considera que la situación es alarmante y exige medidas de contención.
Es notable que solo el cantón cabecera de Limón tenga, a la fecha, más homicidios (20) que las provincias de Guanacaste y Heredia juntas. Poco lograron los operativos desplegados en la provincia por el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública, si los datos siguen siendo tan altos como el año pasado: 36 crímenes en el primer bimestre del 2023 y 37 en el bimestre de este año.
Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, señala que Limón tiene aspectos históricos, geográficos y culturales que la diferencian del resto del país, y estos factores inciden en sus altos índices de homicidios.
El jefe policial señala que en la provincia confluyen personas de origen afrodescendiente, asiático e indígena, quienes enfrentan discriminación y desigualdades debido al abandono y la falta de oportunidades. Además, la naturaleza portuaria de la región provoca luchas por el dominio de las zonas costeras, facilitando el contrabando y el tráfico de drogas, armas y otros ilícitos.
Destaca que áreas como Cieneguita, Los Cocos, Limoncito, Atlántida, Pacuare, Moín y Los Lirios son algunas de las más afectadas por el crimen organizado, el narcotráfico y los homicidios, así como por la delincuencia común. Bandas como la de Tonny Peña Russell, La H, Los Cholos, Shock y Noni son identificadas como algunas de las principales organizaciones delictivas.
En el Caribe, la mayoría de los homicidios son resultado de ajustes de cuentas, pero las balaceras también afectan a personas inocentes, lo que repercute negativamente en el desarrollo turístico, de inversiones y comercio del país, así como en su institucionalidad.
Además, los tiroteos y la violencia criminal saturan los servicios de emergencia de los hospitales, e incluso se han registrado casos de policías asesinados en la provincia.
Limón no frena
En Limón, a finales del año pasado, ya se vislumbraba que la cruenta disputa entre bandas locales no iba a mermar. Un ejemplo fue el ataque en el Hospital Tony Facio, donde una banda burló la seguridad y asesinó a Guillermo Duarte, alias Suty, paciente que había sobrevivido a otro tiroteo. Este suceso dejó además a un funcionario del centro médico herido.
El 2 de enero de este año, un grupo de 10 pistoleros atacó la casa del cabecilla de una banda en el barrio La Colina, provocando la muerte de un hondureño, pero el objetivo no estaba ahí. Posteriormente, se desencadenó una seguidilla violenta que motivó una fuerte intervención policial en la provincia.
Durante 22 días, más de 500 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otros cuerpos policiales realizaron operativos para detener a los integrantes de la banda vinculada a Tonny Peña Russell, alias Tony, sospechosos de formar un escuadrón que sembraba terror en la provincia. Aunque la cantidad de ajustes de cuentas disminuyó durante esa operación, los crímenes volvieron a aumentar una vez que el OIJ se retiró, sin lograr capturar a Tony.
El 18 de enero, en el barrio San Juan, fue asesinado el policía Jordy Rojas Zúñiga, de 28 años, quien estaba en su día libre. El 9 de febrero se produjo un triple homicidio con siete personas heridas por disparos en una casa en Pacuare. Tres días después, en Carrandí de Matina, pistoleros mataron a una pareja que residía desde meses atrás en una vivienda de la zona.
El 19 de febrero, se suscitó un nuevo episodio violento cuando pistoleros ajusticiaron a Anderson Enrique Madrigal Jiménez, presuntamente miembro de la banda Los Diablos de Pavas. Este hecho ocurrió en las afueras de la escuela Silvestre Grant Griffith, en El Cairo de Siquirres, donde Madrigal Jiménez estaba esperando a su hijastra. Además de su muerte, resultaron heridas dos mujeres que iban a recoger a sus hijos, así como tres estudiantes. Como consecuencia, las clases se suspendieron por una semana y el Ministerio de Seguridad tuvo que reforzar la vigilancia.
El último caso de extrema gravedad y que quedó grabado en video ocurrió el 26 de febrero frente a los Tribunales de Limón. Ese día, a eso de las 7:30 a.m., falleció acribillado Leonardo Antonio Joseph Méndez, conocido como Chombo, quien había acudido a firmar como parte de una medida cautelar. Este suceso dejó más de 50 impactos de bala en el edificio de los Tribunales, que cerró la mayoría de sus operaciones y suspendió los juicios ese día.
El 29 de febrero, el Poder Judicial comunicó un plan para reforzar de manera integral la seguridad del circuito limonense. “No podemos permanecer impasibles ante la situación que enfrenta el país y que puede afectar las edificaciones del Poder Judicial y la integridad de las personas usuarias y el personal judicial”, dijo Rubén Alfaro, coordinador de la Comisión de Seguridad del Poder Judicial, quien también afirmó que en otras provincias se reforzará la seguridad.
Mano dura
Consultada sobre esta realidad, la criminóloga Tania Molina Rojas cuestiona la normalización de la violencia, resaltando la presencia cada vez más frecuente de videos que muestran sicarios armados con fusiles en los medios de comunicación, una situación que anteriormente se asociaba con otras regiones y era ajena a Costa Rica.
Para abordar la criminalidad, Molina considera necesarias acciones represivas que impacten directamente a las estructuras criminales, además de medidas preventivas a largo plazo. Advierte sobre el riesgo de que el país pueda experimentar una situación similar a la de Ecuador, donde los grupos criminales elevaron la tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 45 en 2023.
Aunque no aboga por medidas tan extremas como la megacárcel de El Salvador o el estado de emergencia en Ecuador, considera que la situación en Costa Rica ha alcanzado un punto crítico y se requieren operativos contundentes contra las organizaciones identificadas para contener la criminalidad.
Además, propone que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) establezca una política nacional sobre estupefacientes y trabaje para debilitar la economía de los grupos criminales, especialmente en un contexto donde las criptomonedas están en aumento.
Destaca la importancia de que el ICD sea más proactivo en la persecución de capitales ilícitos y que gire los recursos necesarios a los cuerpos policiales para fortalecer su capacidad operativa.
Fernando Ramírez, director del ICD, anunció que desde el 13 de febrero, la Unidad de Programas de Inteligencia de esa entidad ha estado coordinando una mesa técnica de inteligencia interinstitucional para combatir el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la delincuencia organizada.
Esta iniciativa busca fomentar la comunicación fluida entre los poderes de la República y colaborar con otros ministerios y entidades estatales para prevenir el consumo de drogas, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, proporcionándoles información sobre el delito del tráfico de drogas.
Además, la Unidad de Programas de Inteligencia del ICD desempeña un papel fundamental en el control de contenedores, como el que opera en Moín, y que involucra a otras 11 entidades estatales en la detección e identificación de sustancias reguladas por la ley N.° 8204, referente a estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas de uso no autorizado.
Marlon Cubillo también enfatizó en la importancia de la prevención a través de patrullajes en áreas con alta propensión delictiva y destacó la necesidad de una acción reactiva coordinada con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía para abordar los delitos ya cometidos.
Señala que cuentan con un refuerzo de 300 policías de unidades especializadas en toda la provincia, así como un grupo en el muelle de APM Terminals encargado de la revisión de vehículos y la operación de escáneres para tratar de frenar el tráfico de drogas.